Las fugas más mediáticas de España: García Juliá, autor de la Matanza de Atocha

Era el 24 de enero de 1977 y varios militantes de  Fuerza Nueva  irrumpían en un despacho de abogados ligados a Comisiones Obreras (CCOO)  y al PCE (Partido Comunista de España). Acabaron con la vida de cinco personas. En el grupo de militantes que perpetró el crimen se encontraba Carlos García Juliá.

El nombre de García Juliá volvía a la actualidad 46 años después del crimen conocido como la ‘Matanza de Atocha', aunque por un motivo bien distinto al que le llevó a la cárcel —de la que salió definitivamente en 2020—. Y es que García Juliá se presentó como candidato a la alcaldía de Bilbao con el partido político Falange Española de las J.O.N.S. a las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo.

A pesar de que su partido tan solo obtuvo 41 votos y ningún escaño, el hecho de que su nombre encabezara la lista para obtener la alcaldía de Bilbao llamó la atención de todos aquellos que recordaban el crimen de aquel enero de 1977. Uno por el que fue condenado a 193 años de prisión, de los cuales solo cumplió 14 antes de protagonizar una de las fugas más mediáticas de España.

El crimen que marcó la Transición

El 24 de enero de 1977 Carlos García Juliá, de 24 años, en compañía de  José Fernández Cerra y Fernando Lerdo de Tejada, todos militantes de Fuerza Nueva, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO y al PCE y mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y a un administrativo que trabajaba en el despacho, Ángel Rodríguez Leal. Otra de las abogadas, Manuela Carmena, se libró del ataque al prestar aquel día su despacho para una reunión a otro de sus compañeros asesinado aquel día. García Juliá y sus compinches fueron condenados en 1980 a 193 años de prisión.

Los hechos de la terrible jornada del 24 de enero de 1977 sucedieron así: pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entraban a cara descubierta en el bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CCOO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Fueron asesinadas cinco personas.

Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todos ellos vinculados al Partido Comunista y al sindicato CCOO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, mientras que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.

El 23 de septiembre de 1991, un juez decretó la libertad condicional de García Juliá tras 14 años de reclusión en la prisión de Villanubla (Valladolid). En agosto de 1994, el ultra solicitó permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido y García Juliá desapareció. Le quedaban por cumplir 3.855 días de condena. La gran duda que ha planeado siempre en el caso es por qué se le concedió permiso para viajar a Paraguay, a pesar del riesgo de fuga. Algunos periodistas apuntaron en su momento a la conexión entre las cloacas del Estado, donde la ultraderecha se diluyó pero nunca desapareció, y el poder judicial.

Ejerciendo de narcofascista en Bolivia

En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al Gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España, Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos. El ultra se convirtió en el preso número 8981.

Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño le impidió llegar al exterior, ya que había engordado decenas de kilos desde que en los 70 fuera uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

Cuando se publicó el reportaje, el fiscal Ignacio Gordillo solicitó su extradición y activó toda la maquinaria judicial. Cuando el gobierno de Aznar quiso reclamar al ultra, era el 20 de abril de 2001 y García Juliá había aprovechado un permiso penitenciario para huir del país en dirección a Brasil, según publicó entonces la revista del grupo Z.

Detenido en Brasil y de vuelta a España

En febrero de 2020, las autoridades brasileñas lograron entregar a García Juliá. La operación para dar con el paradero del terrorista contó con la colaboración de la Policía Federal brasileña, la Policía Nacional y la Interpol. García Juliá residía en la capital brasileña desde el año 2009 con una identidad venezolana falsa en Barra Funda, un distrito del centro de São Paulo. Trabajaba como conductor de VTC.

Imagen de las autoridades recogiendo a García Juliá detenido.

Las autoridades brasileñas lograron dar con él el 7 de diciembre de 2018 aunque se opusieron al reclamo de extradición y el proceso judicial se alargó durante 13 meses. El 6 de febrero García Juliá fue entregado a la Policía Nacional en el aeropuerto de la capital brasileña. Al llegar a España ingresó en la prisión de Soto del Real.

El terrorista logró que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le concediera la excarcelación al poder aplicarle los beneficios penitenciarios que consiguió durante su estancia en prisión a principios de la década de los noventa. García Juliá salió de prisión el 19 de noviembre de 2020 y a las puertas de Soto del Real afirmó que “serían las víctimas las que me tienen que perdonar a mí. Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo”.

Tres años más tarde, volvía a la actualidad por aparecer en la lista de candidatos a la alcaldía del partido Falange en Bilbao. El crimen que cometió y su posterior fuga todavía son recordados en España.