Juana Rivas condenada a cinco años de cárcel

El juez Manuel Piñar ha decretado 2 años y medio por la sustracción de cada uno de sus dos hijos y por desobediencia a la autoridad, estará seis años inhabilitada para ejercer la patria potestad sobre estos y, además, tendrá que pagar una indemnización de 30.000 euros al padre, Francesco Arcuri por daños morales y materiales. La sentencia ha sido dictada solo 9 días después desde que se celebrara el juicio el pasado 18 de julio. La sentencia redactada por el propio Piñar, titular del Juzgado Penal 1 de Granada, para la madre de Maracena (Granada) podrá recurrirse de ahora en adelante.

Manuel Piñar explica que en los hechos probados que ‘’salvo el episodio de malos tratos ocurridos en 2009, no se ha acreditado en otro posterior’’. Asimismo, el juez ha indicado también que, al mayor de los hijos, ‘’no se le han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica’’.

La sentencia asegura que Juana Rivas cometió dos delitos por sustracción de menores y no ha tenido en cuenta la denuncia por violencia de género de hace dos años que, de momento, se mantiene archivada en algún juzgado de la ciudad italiana de Cagliari. Esta denuncia fue la que empezó todo el ‘Caso Juana Rivas’.

Cronología de los hechos: desde la denuncia hasta la condena

En 2009 Juana Rivas y Francesco Arcuri se separan temporalmente debido a una denuncia interpuesta por malos tratos del marido. En 2012 vuelven a reconciliarse y deciden marcharse a Italia donde llegan a un acuerdo los dos para fijar una residencia familiar en la ciudad de Calaforte, donde los menores fueron escolarizados y se les fijó como residentes.

Cuatro años después, el 18 de mayo de 2016 Juana Rivas se trasladó a Granada alegando que era para hacer una visita familiar y asegurando que volvería a la residencia familiar. El 12 de julio de ese mismo año, Rivas interpuso una denuncia en el Juzgado de Violencia número 2 de Granada por malos tratos, manifestando que no retornaría a Calaforte y, quedándose con sus hijos en Granada.

El 2 de agosto le es notificada la noticia al padre. Rivas matricula a sus hijos en dos colegios granadinos y, el 16 y el 30 de ese mismo mes manda dos correos electrónicos a Arcuri diciéndole que puede llamar a sus hijos y verlos en Granada cuando quiera. El 14 de diciembre el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada  remitió un comunicado adjudicando la restitución de los menores al padre.

La sentencia fue apelada por Rivas y el 21 de abril de 2017 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial desestima el recurso presentado, manteniendo así la misma resolución que había adoptado el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada.

El 11 de julio, este mismo juzgado puso en marcha una ejecución forzosa, ya que Juana Rivas no había cumplido la sentencia mencionada anteriormente, confiriéndole un plazo de 3 días para devolver a los menores al padre. Desatendido este requerimiento, el 24 de julio, el mismo juzgado exigió la entrega de los niños para el día 26 en lugar de Encuentro Familiar en la calle Sevilla número 1 de Granada, donde el padre se desplazó sin que Rivas apareciera, ya que decide ocultarse con los hijos. Un día antes, Juana Rivas concede una entrevista a la cadena SER donde expone su oposición a la entrega de los hijos. Ese mismo día da una rueda de prensa donde aparece por primera vez la que va a ser su asesora Francisca Granados.

Más tarde, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ordena de nuevo la entrega de los menores al padre, acción que finalmente sucede el 28 de agosto. Juana Rivas, acompañada por la Guardia Civil de Granada entrega a sus hijos a Francesco Arcuri, con llantos de los menores por desprenderse de su madre que, finalmente acabaron remitiendo cuando estuvieron con el padre.

Desde entonces, pasa el tiempo y se llega hasta la fecha de hoy donde finalmente Juana Rivas es condenada a 5 años de cárcel por la sustracción de los menores, la inhabilitación de la patria potestad de sus hijos por 6 años y la multa de 30.000 euros que tiene que pagar a Francesco Arcuri.