Francisco González podría perder su indemnización de 100 millones de euros.
El expresidente del BBVA habría incurrido en "administración desleal" por pagos a Villarejo.
Este supuesto espionaje a decenas personas relacionadas con el intento de Sacyr de tomar el control del BBVA mediante una operación iniciada a finales de 2003 y principios de 2004 y de la que acabó retirándose Sacyr y sus dirigentes, Luis del Rivero y Juan Abelló, es ya todo un escándalo político-económico de dimensiones todavía por calcular.
Sin embargo, de momento, se podría considerar que los pagos realizados por BBVA al excomisario Villarejo desde 2012 a 2018 ( cuando ya estaba en prisión el expolicía) podrían constituir un delito grave de administración desleal por parte de los responsables bancarios, el expresidente y ahora presidente de honor, Francisco González y su sucesor en el cargo, Carlos Torres, quien durante los últimos tres años ha sido el Consejero Delegado de la entidad financiera en cuestión .
Desde que el excomisario Villarejo abriera esta nueva puerta de su cuarto oscuro del espionaje, chantajes, amenazas y presiones el BBVA, la incertidumbre y el temor a consecuencias económicas se han apoderado de los accionistas, empleados y clientes del banco.
No solo eso. Francisco González, quien se jubiló el pasado 31 de diciembre con una indemnización de 100 millones de euros, podría ver peligrar esta cantidad si, como algunos expertos económicos consideran, llegan a exigirle responsabilides por la vía judicial.
Precendentes en la banca española
No sería el primer caso de un banquero que se ve obligado a devolver su indemnización o parte de ella. En Galicia, los cinco directivos del caso Novagalicia que fueron condenados a prisión por varios delitos como apropiación ilegal y administración deselal, el juez les exigió la devolución de 10 de los casi 19 millones de euros que habían cobrado en concepto de indemnización.
A tales consecuencias tampoco escaparía su sucesor al timón del BBVA, Carlos Torres. El banco ha asegurado que tiene una investigación abierta y una auditoría externa está analizando los supuestos hechos, y que una vez conozca el resultado, colaborará con la Justicia.
Y es que, muchos de los supuestos delitos de espionaje ilegales pagados por el BBVA y realizados a unas 4.000 personas entre las que estarían políticos, financieros, periodistas..., habrían prescrito, son los comprendidos entre 2012 y principios de 2018, por los que Villarejo habría supuestamente recibido casi 5 millones de euros del BBVA, entrañan un agravante ya que el excomisario se encontraba ya en la prisión de Estremera, donde ingresó en noviembre de 2017 y desde donde empezó a filtrar los audios de varias de sus escuchas a políticos, jueces, empresarios... como presión para forzar su puesta en libertad.
La situación es grave para el banco y para su expresidente, González. Hay quien ve en esos pagos una presunta autoría del delito de “administración desleal” (debida a la malversación de fondos de BBVA para operaciones ilegales). A esto hay que añadir que hace pocos meses, el que fuera jefe de la seguridad de BBVA, Julio Corrochano, y supuesto contacto con Villarejo para encargarle “trabajos”, recibió una abultada indemnización.
Un 2019 muy complicado para el banco
El BBVA afronta así un 2019 muy complicado. Por una parte está el daño sufrido como entidad y el ocasionado a su patrimonio bursátil. Pero, además, de confirmarse todo, González, quien ya arrastra el peso de sus fracasadas operaciones internacionales en bancos de China, Venezuela, Portugal, Argentina y Turquía ( país que el BBVA ha abandonado recientemente y donde incluso el BCE alertó de su riesgo), podría ver su prestigio y trayectoria tirada por los suelos por el peso de este escándalo y las posibles consecuencias judiciales.
Este caso ha puesto en evidencia además, el compromiso adquirido por ciertos medios o grupos con el BBVA, uno de los grandes inversores en publicidad, en un momento en el que la información se hace más valiosa y necesaria.
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