Droga campa en cárceles españolas y funcionarios no pueden controlar el problema.

Uno de los graves problemas de las prisiones españolas tiene que ver con las muertes provenientes del consumo de droga dentro de las instalaciones. Entre los años 2010 y 2016 en los centros penitenciarios españoles fallecieron a causa de la droga hasta 232 internos. Estos datos fueron aportados por parte del Ejecutivo actual, tras una petición de la senadora del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Marea, Isabel Mora, realizada en marzo de 2018.

Esta problemática depende de muchos factores y así lo manifiesta el funcionario de prisiones Enrique Rodrigo: “Cuando los trabajadores tienen indicios para creer que un preso está introduciendo droga, piden autorización para poder examinarle o bien en la enfermería de la cárcel o bien en un hospital con todas las garantías. Pero son los jueces los que ponen muchos problemas para dar autorización. La mayoría dicen que no, por la presunción de inocencia”.

Pero no es la única traba que puede darse dentro de los centros penitenciarios a la hora de localizar y evitar el tráfico de estupefacientes. Según cuenta el funcionario de prisiones Enrique Rodrigo, “hay mucha droga que se pasa a través de los niños o las parejas de los reclusos. Nosotros por ley no podemos registrarles y esta es una vía habitual para introducirla”.

Además, Rodrigo asegura que no hay personal suficiente como para interceptar las sustancias ilegales que puedan pasar. “Estamos bajo mínimos y no podemos controlar toda la droga que entra. No tenemos formación, solo tiramos de nuestra experiencia y aun así incautamos mucha droga”, denuncia.

Rodrigo concluye diciendo que “a una persona que esté en la calle y le pillen con unos gramos de hachís le cae una multa de mil euros, en prisión si pillan a un preso se le aplica la privación de paseos y actos recreativos. El máximo castigo que se le aplica es que esté en su celda tranquilo”.

“El auto de la vergüenza” de los cafés

En medio de todos las causas que muestran el deterioro del sistema penitenciario español, en los últimos días, la indignación por parte de colectivos de prisiones ha aumentado tras la noticia publicada por El País, en la que se hablaba de la denuncia de una jueza de vigilancia penitenciaria por la mala calidad del café que se sirve a los presos de primer grado de Soto del Real.

Mercedes Fernández, la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Madrid, presentó un auto al Ministerio del Interior, donde afirma que, durante una visita realizada a la cárcel madrileña para escuchar las quejas de los internos -algo habitual para este tipo de jueces- comprobó que el café que se entrega a los reclusos presenta unas condiciones "inaceptables", puesto que se les entrega "frío, aguado y en jarras de plástico".

Concretamente, la magistrada habla en su escrito del café que se entrega en el Módulo de Régimen Especial a los presos clasificados en primer grado, asignado a aquellos reos catalogados como peligrosos. Además, aseguró que los productos dedicados a la higiene de los internos son “deficientes”.

Así, la jueza concluye que se están incumpliendo cuatro artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y uno del Reglamento Penitenciario. Por ello, no sólo notificó a Instituciones Penitenciarias de la situación, sino que trasladó los hechos a instancias de la Fiscalía, “a los efectos que considere procedentes”. Por su parte, desde Prisiones alegan que el café que se sirve en el centro es igual para los 1.400 presos que residen en Soto del Real.

Enrique Rodrigo se refiere como “el auto de la vergüenza” al escrito de la jueza. “No se ajusta a la realidad. No soy partidario de la Secretaría General precisamente, pero lo que se ha dicho no es cierto. Los productos que se sirven en las cárceles son todo primeras marcas”, asegura.

Del mismo modo, afirma que el café que toman los reos “también lo tomamos nosotros y es un café normal, de una marca normal, como el que puede tomar cualquiera en su casa o lugar de trabajo”. Respecto al hecho de que se sirvan en recipientes de plástico, Rodrigo defiende este hecho, alegando que se trata de “gente muy peligrosa, que si están clasificados como primer grado es porque está acreditada su peligrosidad, que han cometido delitos graves y en muchas ocasiones han atentado contra la vida”.

Asimismo, recuerda que “la administración se esfuerza en que disminuya el número de primeros grados de los centros, porque no da buena imagen pública”, y añade que  “el problema es que la jueza va allí y solo habla con los presos, que se la han colado. Los funcionarios lo que menos quieren es molestar a los presos conflictivos para no generarse problemas que puedan derivar en agresiones, por lo que el café se lo llevan calentito”.

Las agresiones no cesan

Los numerosos episodios violentos que se dan en el interior de las cárceles es otra de las principales causas del malestar de los funcionarios. Según los datos que manejan los sindicatos de trabajadores de prisiones, en 2017 -último año contabilizado-, en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior se produjeron hasta 305 agresiones de presos a funcionarios, de las que ocho fueron graves, 176 leves y 121 no causaron lesiones.

Con respecto al año 2018, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, afirmó el pasado 13 de diciembre durante una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso que hasta esa fecha se habían registrado 218 agresiones de presos a funcionarios de prisiones, cifra que abarca desde las muy graves hasta las leves. Aunque estos datos suponen un descenso en las agresiones, las cifras que manejan los sindicatos contrastan con los aportados desde este organismo, suponiendo una media de una agresión diaria.

En este sentido, uno de los últimos incidentes ocurrió el pasado miércoles 9 de enero en la cárcel de Villena (Alicante), donde un recluso muy peligroso protagonizó una nueva agresión a trabajadores penitenciarios, hiriendo a seis de ellos. El interno, recluido en el módulo de aislamiento, comenzó a gritar, amenazar y golpear al mobiliario cuando le notificaron unos partes disciplinarios por mala conducta. De este modo, el preso se abalanzó contra los trabajadores que intentaron calmarle y les propinó patadas y puñetazos.