Aniversario del triple crimen de Cieza: Los novilleros fueron a 'hacer la luna llena'

Ya han pasado 30 años, pero parece que fue ayer. Un suceso de la España profunda conmovía aquel 1 de diciembre de 1990 el mundo taurino. Son las tres de la madrugada en la finca Charco Lentisco, municipio de Cieza, provincia de Murcia, cuando una escopeta de cartuchos rompe el silencio de la noche de luna llena y se lleva por delante a tiros a Juan Lorenzo Franco Collado, ´El Loren´, de 24 años; Andrés Panduro Jiménez, de 23, y Juan Carlos Rumbo Fernández, de tan sólo 19.

Los tres habían entrado en la finca con la intención de torear una res brava. El autor de los disparos según la sentencia, fue José Manuel Yepes, un joven de 19 años al servicio del ganadero Manuel Costa Abellán, de 40 años, que habría actuado como inductor. En 1994 ambos fueron condenados a 81 años de prisión cada uno, 27 años por cada víctima. El ganadero falleció en 2008 y Yepes dejó la prisión en 2006.

La verdad de lo sucedido realmente quedó sepultada aquella noche en Charco Lentisco, porque muchas fueron las incógnitas. La mayor de ellas, que nunca quedó probado que solo un chaval fuese capaz de disparar, alcanzar y matar a tres jóvenes, pues tras el primer disparo correrían asustados o intentarían enfrentarse a su agresor.

El periodista murciano Francisco Pérez Abellán escribió "los detalles de lo que pasó aquella noche trágica en Charco Lentisco quedarán para siempre en la confusión más absoluta". De hecho, tanto el Fiscal como las acusaciones particulares ejercidas por las familias de los tres novilleros, sostuvieron que "debieron de participar dos tiradores y dos escopetas, porque es la única forma en la que se entiende que las víctimas permanecieran quietas, sin intentar escapar, pese a su complexión atlética y su buena forma física".

Las primeras declaraciones culpaban a Pedro Antonio Yepes, de 15 años y trabajador de la finca, de haber realizado los disparos. La táctica era imputar a un adolescente que entonces no tenía responsabilidad penal, para que su hermano José Manuel y el dueño de la finca quedasen a salvo de la acción de la Justicia.

Según esta primera versión el chaval habría perseguido a los novilleros por el campo, disparando y recargando en dos ocasiones. Pero luego, por consejo de su padre, cambió la declaración e inculpó a Manuel Costa. Incluso lo acusó de haber matado a uno de los "maletillas". "Aunque era convicción general que Pedro Antonio Yepes participó en los hechos, sobre éste no cayó todo el peso de la ley porque era menor de edad", continuaba su crónica Pérez Abellán.

El 8 de enero de 1991 José Yepes, padre de dos de los señalados por el crimen, Pedro, de 15 años, y José Manuel, de 19, declaraba en la revista Interviú que su hijo Pedro le confesó: "Papá, el amo me ordenó ¡dispara, dispara!". La familia Yepes era pobre, de una pobreza de solemnidad difícil de encontrar ahora. José Yepes, el cabeza de familia, 47 años, jornalero y de Ricote, prácticamente analfabeto. Se casó con Lucía Palazón y tuvieron ocho hijos: Carmen, José Manuel, Ana María, Pedro Antonio, Bernardo, Mari Luz, David y Javier, que apenas tenía dos años cuando todo sucedió. La pareja solo salía de Cieza para ir a la vendimia.

A José Manuel y Pedro Antonio Yepes les gustaban mucho los caballos y el ganado bravo. El dueño de la finca, Manuel Costa, un empresario papelero amante de los toros cuyo sueño siempre fue tener hierro propio, les compró una tele en color y un vídeo y les pagaba salarios de sesenta mil pesetas a uno y cincuenta mil al otro. Les daba de comer y les cambiaba películas. Ambos hermanos pasaron cerca de año y medio sin salir de la finca.

Era habitual que los maletillas fuesen a "hacer la luna llena", torear reses bravas, pero normalmente el dueño soltaba a los perros y los aspirantes a toreros salían huyendo. Pero aquella noche los empleados tomaron la escopeta de un albañil que trabajaba en la finca, Jesús Saorín, una FrenciLlama 500, del calibre 12 y donde se encontraron tres huellas dactilares.

Uno de los maletillas, "el Loren", conocía a los autores de su asesinato, porque habían sido amigos desde pequeños. Dicen que incluso llegó a gritar "¡no tiréis que soy yo, el Loren!". Tres días después de su detención José Manuel se autoinculpó de los hechos por miedo a que su hermano pequeño fuese primero a un correccional y luego a la cárcel y aseguró haber disparado entre seis y ocho veces. En el lugar de los hechos se recogieron ocho cartuchos aunque el arma cargaba nueve. No tiene sentido por tanto que los presentes dijeses que se había recargado la escopeta en dos ocasiones.

Para terminar de complicar las cosas el 5 de abril del mismo año se suicidaba ahorcándose Jesús Saorín, propietario de la escopeta homicida, justo cuatro horas antes de enfrentarse en un careo a Manuel Costa, el dueño de la finca.

En el mismo número de Interviú antes citado hablaba Fernando Franco, ya fallecido, banderillero retirado y padre de "el Loren", uno de los novilleros asesinados: "Sabían muy bien a quienes mataban. Estoy segurísimo" y añadía: "Me han matado al torero que me ilusionaba, a mi hijo y a mi mejor amigo, que todo eso era para mí Juan Lorenzo" y concluía con la sospecha de que "dos criaturas de diecinueve y quince años no toman la iniciativa de coger las armas y liarse a tiros".

El crimen de los novilleros prescribió en 2010. Pero en 2011 José Manuel Yepes regresaba a la actualidad tras ser detenido por la Guardia Civil por la presunta agresión a un empresario de Abarán, Valentín S., que también fue arrestado.

Indemnizaciones

En marzo de 2017 el Estado pagó las indemnizaciones a las familias de dos de los tres novilleros. A pesar de que el propietario y el trabajador de la finca resultaron condenados, las indemnizaciones quedaron sin abonar hasta que la Audiencia Nacional determinó en una sentencia de 2016 la obligación del Estado a hacerles frente por el "defectuoso funcionamiento" de la administración de Justicia. Cada familia recibió 106.185 euros.

Las familias de Juan Carlos Rumbo y Andrés Panduro recibieron las indemnizaciones inmediatamente, mientras que la de Juan Lorenzo Franco, cuyo padre falleció en 2016, tuvieron que esperar hasta que hubo declaración de herederos.