05 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

SEGÚN EL SINDICATO SUP, EN 2021 SE REGISTRARON 14.660 CONDENAS POR ATENTADO A LA AUTORIDAD, cifra que ha ido creciendo DESDE EL PERIODO POST PANDEMIA

Denuncian la "desprotección policial frente a agresiones" por la nueva Ley de Seguridad

El Cierre Digital en Agresión a un policía en una manifestación
Agresión a un policía en una manifestación
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que denuncia la desprotección de los policías. Según los datos cifrados en el INE, de una media de 12.000 condenas anuales por atentado a la autoridad se ha pasado a 14.660, siendo el dato más elevado de la última década. Carlos Morales, portavoz del SUP, ha explicado que "se está perdiendo el principio de autoridad, por eso pedimos que para la nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se cuente con los sindicatos".

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los atentados contra la autoridad y los delitos de la resistencia y desobediencia muestran una tendencia al alza en los últimos años (con la excepción de 2020 por causa del confinamiento). De esta forma, de 12.966 condenas por delitos de este tipo en 2019 se ha pasado a 14.660 condenas en el año 2021, el dato más elevado de la última década

Ante estos datos, y en el marco de la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido un comunicado en el que denuncia la desprotección de los policías y recuerda que ya reclamó, en diversas ocasiones, la retirada de varios artículos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y los grupos parlamentarios.

Por otra parte, también reclaman en el comunicado que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional para elaborar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El portavoz del SUP, Carlos Morales, declara ante elcierredigital.com que para el sindicato “es evidente que se está perdiendo el Principio de Autoridad" y reitera que, con motivo de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, "demandamos que se cuente con los sindicatos para esta reforma. Lógicamente, nosotros vamos a velar siempre por la defensa y por el Principio de Autoridad para que no se pierdan, pérdida que es una realidad de los últimos años”.

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Agresión a las autoridades

“Estos delitos se han visto reforzados desde 2020, desde ese año ha ido de mal en peor, ya que se han incrementado las denuncias de agresiones a las autoridades. Por este motivo hemos decidido realizar una denuncia social”, explica el portavoz del SUP.

Morales cuenta que, a raíz de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que "se está debatiendo en el Congreso, enviamos una carta a los grupos parlamentarios para que contasen con nuestra opinión, pero seguimos esperando a que nos llamen ya que nos han hecho caso omiso”.

Y es que, según el sindicato, “lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una 'reforma a la baja' de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las FCSE”, se queja Carlos Morales.

Según el sindicato, con esta reforma "se pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes y disminuir los medios de contención para reprimir altercados violentos de carácter multitudinario". "Por otro lado, se busca retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a las autoridades en su trabajo, rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los agentes frente a los de presuntos delincuentes en las actas y el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno", asegura el portavoz del SUP.

Por estos motivos, el SUP manifiesta en su comunicado “el rechazo rotundo a estas modificaciones que, creemos, favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías. Nuestras exigencias se basan en la defensa de los policías, las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos”.

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