Diecisiete para cobrar una indemnización tras sufrir un accidente que le dejó en silla de ruedas

Los hijos de Juan Carretero Gil llevan más de 17 años sufriendo las consecuencias del "descomunal" retraso del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Utrera. Su padre, natural de Algodonales, en Cádiz, sufrió en el año 2004 un accidente que le dejó postrado en una silla de ruedas, tras impactar con una mula en la carretera Utrera-Los Palacios. Consecuencia del suceso, permaneció 418 días ingresado entre el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el de Puerta del Mar de Cádiz, y se le reconoció una paraplejia con un grado de discapacidad del 99%, lo que derivó a la situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez.

El propietario del animal fue condenado a abonar como indemnización 620.569,44 euros, más intereses y costas. En total, según explica el abogado Fernando Osuna, cerca de un millón de euros. Sin embargo, Juan Carretero falleció sin que esa sentencia a su favor fuera ejecutada "debido a la falta de diligencia y tardanza" del juez encargado. Su estado físico fue, durante sus años restantes de vida, "deplorable, porque no pudieron sufragarse los cuidados necesarios". "Tenía el cuerpo lleno de llagas y sondas, su esófago estaba deteriorado, el cuerpo amoratado, el estómago le funcionaba mal, padecía una depresión nerviosa muy grande, defecaba con la ayuda de medicamentos, y para bañarlo había que usar una grúa ortopédica" denuncian desde el bufete del abogado Fernando Osuna. 

Juan Carretero. 

Debido a las dilaciones que sufre esta ejecución, la familia del afectado ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario por infracciones graves, así como la dotación de recursos materiales y humanos para el Juzgado de Utrera, "que funciona de una manera completamente inoperante, acumulando pleitos en trámite sin cesar". Según señalan, "el tiempo medio de respuesta a escritos es de un año como poco y demuestra un sistema colapsado que pide a voces más personal y mejora de medios de trabajo".

"No es solamente necesario por la evidente frustración entre las partes de un conflicto, sino porque la realidad es que está más que justificada la indemnización fruto de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración de Justicia" indican desde el bufete, y añaden que, "en nuestro caso, esta indemnización ha sido conseguida ya una vez, trasladando al erario público cuantiosos desembolsos que, de funcionar bien el Juzgado de Utrera, serían evitables".

En concreto, los familiares recibieron una pequeña cuantía del retraso aludido. Pero, pese a ello, el Juzgado continuó operando con la misma lentitud. "El procedimiento de ejecución lleva iniciado desde 2004, alargándose de manera injustificada, ya que los plazos de un trámite a otro son de meses o incluso años, cosa que no es normal en este tipo de procedimientos civiles, por lo que no se puede entender ni tolerar la inmotivada dilación de las actuaciones en el tiempo".

Ahora, tras 17 años de retraso, esperan que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que ya estudia el caso, ponga fin a un proceso que se ha dilatado con fatales consecuencias. Jornaleros de profesión, el abono de la indemnización permitiría a esta familia subsanar las deudas que los cuidados de su padre tras el accidente han supuesto para su economía.