29 de julio de 2021
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EDICIÓN VERANO

Este vigués fue condenado a cuatro años de cárcel por supuestamente asaltar la casa de un anciano, a pesar de que la prueba de ADN lo exculpaba

La hermana de Jorge Casaleiro, que pasó tres años injustos en prisión: "Todos en mi familia hemos sufrido las secuelas"

Jorge Casaleiro y su familia, en una foto cedida.
Jorge Casaleiro y su familia, en una foto cedida.
En el verano de 2016, en el municipio de A Guarda, en Pontevedra, un individuo encapuchado con un pasamontañas entró en el domicilio de un anciano, lo inmovilizó con cinta aislante y le robó 50 euros antes de salir corriendo. Un testigo reconoció a Jorge Casaleiro como presunto autor de los hechos y, desde entonces, este vigués permanecía en prisión, donde ha cumplido tres años de pena a pesar de ser inocente.

Jorge Casaleiro fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por el violento asalto a un anciano de A Guarda en junio de 2016. Su historia, por lo increíble que puede resultar en un Estado de Derecho, sería más propia de un thriller si no fuera por lo dramático, grave e insoportable que es que una persona inocente ingrese en prisión. Una ya de por sí indignante situación cuyas consecuencias son difíciles de cuantificar y que empeora todavía más si tenemos en cuenta que este vigués pasó tres años entre rejas aún a pesar de que el ADN descartaba su implicación.

Su hermana, Irene, denuncia en elcierredigital.com, el duro proceso al que tanto Jorge como su familia tuvieron que enfrentarse después de que un testigo lo señalara como presunto autor de unos hechos que nunca cometió. "Psicológicamente todavía estamos asimilándolo, todos estos años han sido como una película de terror pero que, afortunadamente, ha tenido final feliz". Eso sí, "las secuelas que te deja una experiencia como esta son muchas. Mi hermano, aunque día a día mejora muy poquito a poco, no es el mismo que entró en la cárcel hace tres años". 

Irene explica que la huella psicológica de la estancia en prisión ha provocado que Jorge tenga ahora la autoestima más baja, que tenga miedo y que, aunque todos en su familia quieren ayudarlo, en ocasiones, les resulte complicado. "Estos últimos días han sido como estar en el mar, las olas te llevan y te traen, y a veces estás arriba, pero otras te arrastra hasta el fondo". Un vaivén de emociones que, esperan, "vuelva a su cauce y poco a poco podamos recuperar la normalidad". 

Reconocido por un testigo

En el verano de 2016, en el municipio de A Guarda, en Pontevedra, un individuo encapuchado con un pasamontañas entró en el domicilio de un anciano, lo inmovilizó con cinta aislante y le robó 50 euros antes de salir corriendo. Cuando el asaltante abandonó la vivienda, el hombre pudo pedir auxilio a sus vecinos, que vieron cómo el ladrón salía corriendo y arrojaba el pasamontañas al suelo, una prenda que instantes después recogería una mujer, y que ha resultado ser determinante para demostrar la inocencia de Jorge Casaleiro.

Fue en ese momento cuando un viandante pudo ver la cara, ya descubierta, del presunto ladrón. Un testigo presencial que, al acudir más tarde a dependencias policiales, señaló, preguntado por los agentes y ante las fotografías de posibles sospechosos, a Jorge. 

Jorge Casaleiro. 

Sobre ese reconocimiento se sustentó la detención del vigués, porque en la cinta aislante utilizada para el atraco no había ninguna huella dactilar del acusado y, en ese momento, aún no se habían hecho las pruebas de ADN al pasamontañas hallado en el lugar de los hechos, un análisis que no llegaría hasta ya dictada la sentencia condenatoria de cuatro años y tres meses de privación de libertad. 

Sin embargo, los resultados de las pruebas practicadas en el pasamontañas descartaron a Jorge y delataron a otro delincuente habitual, cuyo ADN figuraba en la base de datos de la Policía. 

Daños irreparables

Irene denuncia la desidia de la Justicia, en especial de la abogada de oficio que le asignaron a su hermano que habría permitido seguir adelante con el proceso -y la condena- a pesar de que los resultados de la prueba de ADN todavía no habían llegado. "La abogada estaba convencida de que mi hermano era culpable. Todo hay que decirlo, Jorge ha tenido problemas de drogadicción, y eso lo ha convertido en un blanco fácil al que señalar. En una ocasión, esta letrada nos comentó que había visto a Jorge por la zona del puerto de A Guarda, que sabía quién era, y en qué andaba metido. Pero ser drogodependiente no te convierte en un ladrón". 

Además, explica que no solo fueron juzgados de forma negligente por la Justicia, también por algunos de sus vecinos. "Los días posteriores a su detención tenía que escuchar como algunas personas del pueblo se dedicaban a comentar por lo bajo la situación de mi hermano. Yo entonces tenía que tragar, disimulaba, pero tenía el corazón roto". Ahora, cuenta, pasea con la cabeza alta, porque el tiempo le ha dado la razón. Su hermano siempre fue inocente. "Yo sabía que no podía haber hecho algo así, es una persona con un buen corazón y nunca le haría daño a nadie", zanja. 

Errores judiciales, los casos en España

El de Jorge Casaleiro no es el único caso español marcado por los errores de la Justicia. Gran impacto mediático tuvo el encarcelamiento de Dolores Vázquez, que pasó año y medio en prisión y sufrió un auténtico linchamiento social por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof. La entonces acusada habría pasado trece años y medio más entre rejas si la Guardia Civil no hubiese descubierto en 2003 que los restos de ADN hallados en Rocío coincidían con los encontrados en otra adolescente asesinada tiempo después, Sonia Carabantes, y que pertenecían a Tony Alexander King, un británico con antecedentes por estrangular y agredir sexualmente a varias jóvenes. 

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admite en sus datos más recientes dos errores judiciales en 2019. Aunque en 2020 no se produjo ninguno, sí recoge uno en 2018, seis en 2017 y uno en 2016. Una decena en un lustro. Así, mientras el año pasado se resolvieron 166 expedientes, de los que la mayoría se desestimaron, se aceptó la responsabilidad patrimonial -indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados- en 29 de ellos, el 14,9%. 

No obstante, estas cifras estarían lejos de la realidad si tenemos en cuenta las circunstancias atípicas que rodearon la actividad judicial el pasado año a consecuencia de la pandemia. En 2019, por ejemplo, se resolvieron 1.139 expedientes, de los se aceptó la responsabilidad patrimonial en 83. De estos, dos se referían a errores judiciales, otros dos a prisión preventiva injustificada y otros seis a detención indebida o prisión preventiva por "funcionamiento anormal" de la Justicia. En total, se pagaron 4,4 millones en compensaciones, la mayor cantidad desde 2015.

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