Los padres de Rafa Moral exigen que no se cierre en falso la muerte de su hijo

Hace tres años, concretamente el 8/1/2017, tenía lugar en el municipio madrileño de Ribatejada un fatídico accidente de moto que acabó con la vida de un chico de 24 años y una chica de 18. Para más concreción, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 27 de la carretera M-113. En su día, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrejón de Ardoz, emitió acta de sobreseimiento del caso basándose en los informes del forense y el atestado de la Guardia Civil, documentos facilitados a este medio por los padres del joven fallecido, Rafael Moral y Carmen Castro.

En dicho atestado se informaba de que el conductor del vehículo infringía, entre otros, los artículos 45.1 y 29.15B del Reglamento General de Circulación, relativos a los límites de velocidad y a la prohibición de circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad respectivamente. A pesar de esto, la familia del difunto, Rafael Moral Castro, sostiene que el accidente no se debió a una salida de vía, como apuntó la Guardia Civil, sino que fue causado por un coche tripulado por un hombre, que, de acuerdo con la madre del conductor accidentado, “no reunía las mínimas exigencias físicas y psicológicas y que, además, tenía caducado el carné de conducir” y una mujer que lo acompañaría.

Por este motivo, los familiares trataron de reabrir el caso, algo que no lograrían hasta agosto de 2019. Hasta entonces, focalizaron su esfuerzo en la reunión de documentación que apoyara su postura. En este sentido, Elcierredigital se ha puesto en contacto con los padres del joven difunto, Rafael Moral y Carmen Castro, para conocer su problema. En cuanto a los impedimentos para la reapertura del caso, Carmen critica las trabas a las que tuvieron que hacer frente: “Tanto la fiscal del caso como la jueza del juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz se negaban a reabrirlo, ya que decían que los instructores del informe eran unos buenos profesionales, y era obcecación nuestra; la Audiencia Provincial nos contestaba que fuésemos al Constitucional si entendíamos que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva”.

En cualquier caso, Rafael nos cuenta que el verano pasado fue cuando, tras una lucha constante en el ámbito judicial, consiguieron finalmente la reapertura del caso, tras haber comunicado a la fiscal del mismo, así como al fiscal jefe de la zona de Alcalá de Henares, lo que, de acuerdo con el criterio de la familia, habría sido una presunta falta de diligencia en la elaboración de los informes que sucedieron al accidente. Además, Carmen afirma que también se les presentaron las conclusiones del informe elaborado por el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT), un texto que “rectificó por irregular más del 60% del primer informe”, explica.

Rafa Moral vestido de motorista.

Rafael indica que en el informe ya se asumirían una serie de errores previos, (los cuáles no son considerados en el texto de entidad suficiente para cambiar las conclusiones a las que llegaron en un primer momento) relativos a mediciones, daños en la vía, visibilidad del tramo del siniestro o declaración de testigos, entre otros ámbitos relacionados con la investigación del accidente. Del mismo modo, el padre de la víctima subraya la existencia de la declaración de una testigo que habría conocido por medio de una conversación telefónica con un segundo testigo (que habría visto in situ el siniestro) el hecho de que un coche habría invadido el carril de la motocicleta.

Los padres de Rafa acumulan decenas de pruebas documentadas.

Una vez reabierto el caso, de acuerdo con el testimonio de Rafael, el juzgado solicitó la declaración de la nuevo testigo. Esta, según nos cuenta el padre del fallecido, ratificó ante el GIAT su testimonio y facilitó el número de teléfono con el que había contactado con el segundo testigo. Según el padre de la víctima, la declaración se remitió a la Fiscalía y fue entonces cuando ésta pidió el cierre provisional del caso, algo que concedió el juzgado. Actualmente, está recurrido ante la Audiencia Provincial.

Desde este cierre, la familia del joven fallecido se ha movilizado para tratar de obtener “justicia”. Para ello, los familiares dicen haberse puesto en contacto con el fiscal de seguridad vial Bartolomé Vargas, a través de la Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico, STOP ACCIDENTES, y con altos mandos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Sin embargo, Rafael lamenta que tanto unos como otros “se han puesto de perfil” ante sus peticiones.

En estos momentos, la familia de Rafael y Carmen se halla impotente ante la forma en que se están desarrollando los acontecimientos. Dicen contar con documentos, testigos y fotografías que pueden avalar su testimonio, que prueban las presuntas contradicciones dentro de las investigaciones que se han llevado a término: “Yo puedo demostrar que la mayoría de los datos que se han aportado en los informes son falsos, la carretera sigue estando ahí, las marcas del accidente también”, afirma tajante Rafael.  Sin embargo, hasta el momento no han conseguido que sus reclamaciones lleguen a ser admitidas: “No te dejan ni siquiera empezar, parece que fue ayer y han pasado tres años y medio”. En esta línea, añade: “seguimos luchando, si alguien ha cometido un delito, que lo pague, está todo el mundo muy tranquilo en su casa”. La familia tiene la esperanza de recibir novedades sobre el caso, aunque lo cierto es que, pase lo que pase, el final a la compleja lucha que emprendieron tras el fallecimiento de su hijo no parece estar próximo.