Tres funcionarios agredidos al intervenir en una pelea entre internos en la prisión de Aranjuez

Tres funcionarios resultaron heridos al intervenir en una pelea entre internos en el módulo 9 del centro penitenciario de Aranjuez. Los trabajadores detectaron una discusión entre internos por lo que se apresuraron a intervenir consiguiendo aislar al recluso que se encontraba más agitado, pero este continuó profiriendo insultos y amenazas contra los funcionarios abalanzándose contra uno de ellos y propinándole un mordisco.

La violencia con la que actuó el interno contra los funcionarios les ha provocado lesiones de diversa consideración que les ha obligado a acudir al hospital para su evaluación. Al que sufrió el mordisco, además se le debe aplicar el protocolo de accidente biológico debido a que la mordedura humana es considerada una de las más peligrosas por el gran número de gérmenes que se acumulan en la boca.

El interno causante de las lesiones se encuentra incluido en un programa especial para enfermos mentales. Desde ACAIP insisten que "uno de los principales problemas que hay en prisión, y el origen de muchas agresiones, son aquellos reclusos que sufren este tipo de problemas, por lo que urge un tratamiento específico de detección y formación adecuada a los trabajadores para su atención". En el módulo donde se produjo este hecho, "un 10% de los internos se encuentran dentro de este programa, pero el porcentaje real de reos que lo necesitan podría llegar al 30% si se aplicara a todos aquellos que muestran alguna deficiencia", afirman.

Las agresiones y las lesiones asociadas a las mismas que sufren los trabajadores penitenciarios son una lacra para este colectivo que, en las últimas semanas, se han evidenciado en distintos centros españoles, como las sufridas en las Palmas II hace unos días o la ocurrida recientemente en el Centro Penitenciario de Murcia.

Una de las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, y que desde ACAIP-UGT se ha reclamado a la Administración, es la consideración de agente de autoridad de los trabajadores penitenciarios para que, hechos como los ocurridos, sean juzgados por la vía penal. "No se puede retrasar más una Ley de Función Pública penitenciaria que recoja este aspecto y el resto de reivindicaciones del sector, como la adecuación retributiva a las funciones y la actualización de los puestos de trabajo a las necesidades reales de las prisiones", reivindican desde el sindicato.