23 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

Las críticas han obligado a Instituciones Penitenciarias a suspender esta práctica a la que ya se habían sometido 41 internos

Un experimento de estimulación cerebral en las cárceles de Huelva y Córdoba, bajo sospecha

La prisión de Huelva, de nuevo envuelta en la polémica
La prisión de Huelva, de nuevo envuelta en la polémica
El departamento del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha rechazado el tratamiento mediante estimulación cerebral que han practicado las cárceles de Huelva y Córdoba a 41 presos violentos por considerar que “no hay voluntariedad” por parte de los reclusos, ya que están bajo custodia.

Esta semana, una nueva polémica sacudía las prisiones de Huelva y Córdoba. Se ha confirmado que desde 2016, ambos centros penitenciarios llevaban a cabo un tratamiento que incluía un sistema de electroestimulación cerebral dirigido a calmar las conductas agresivas de algunos de sus internos.  Era la primera vez que se utilizaba al mismo tiempo una corriente eléctrica en las dos zonas del cerebro.

El experimento formaba parte de una investigación médica sobre presos muy peligrosos.

Se trataba de demostrar que se podía lograr una reducción de esa agresividad gracias a la aplicación de una corriente eléctrica liberada directamente en ciertos puntos del cerebro.  En total, esta práctica fue aplicada a 41 presos violentos, 15 de ellos homicidas. Todo era parte de una investigación científica que ahora ha paralizado el Ministerio de Interior.   

Experimento dirigido por expertos clínicos

El experimento realizado en las cárceles de Huelva y Córdoba  consistía en suministrar una ligera corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos. Tras la aplicación, se evaluaba sentimientos y emociones como la hostilidad y la rabia mediante preguntas realizadas a los reclusos. Esas respuestas se comparaban con las que dichos presos habían facilitado justo antes de someterse al tratamiento de estimulación. Las primeras indagaciones indican que tras el tratamiento, se detectaba una reducción en la agresividad de los reclusos que se habían sometido a las pruebas.

El tratamiento consistía en aplicar una ligera corriente eléctrica en ambos hemisferios cerebrales.

Esta investigación médica, que fue autorizada durante el Gobierno del Partido Popular de  Mariano Rajoy, estaba coordinada por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Pero por ahora se ha cancelado hasta obtener las conclusiones de un informe de salud penitenciaria que se está elaborando. De este modo, la segunda fase, cuyo inicio estaba previsto para este mismo mes de marzo, tras haber sido autorizada en enero pasado, queda suspendida.

Al igual que muchos expertos, el psicólogo Molero defiende  “la estimulación transcraneal con corriente directa como una técnica no invasiva, barata y sencilla”, señala que “sería cuestión de regular su uso” si se demuestra su evidencia científica”.  

Rechazo del Defensor del Pueblo

Pero a pesar de estas explicaciones, la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Francisco Fernández Marugán, ha rechazado este tratamiento. Es cierto que, de momento, no han recibido queja de particulares o colectivos relacionadas con las pruebas a estos reclusos, pero su rechazo se basa en que consideran que “no hay voluntariedad cuando se está bajo custodia”, como ocurre con las personas que cumplen condena en prisión.

La prisión de Alcolea, Córdoba, también participó en este estudio clínico.

Entre los 41 presos que participaron en el experimento, se incluyeron también reos sin condena por delito de sangre como grupo de control mientras que se excluyeron aquellos con enfermedades psiquiátricas, neurológicas o adicción a drogas.

En otros casos anteriores e independientes de este, se ha comprobado a través de estudios recientes, que la electroestimulación cerebral  es un tratamiento potencial de trastornos como la ansiedad y la depresión.

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