02 de junio de 2020
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FIN DE SEMANA

Entre los detenidos hay familiares, empleados de banca y personas que compartían pisos con los ancianos fallecidos

Defraudan seis millones de euros a la Seguridad Social cobrando las pensiones de personas muertas

Uno de los tanatorios más grandes de Madrid.
Uno de los tanatorios más grandes de Madrid.
La Policía, en una investigación bautizada como "operación Libitina II", ha detenido a nueve personas que se hacían pasar por familiares ya fallecidos para cobrar las pensiones de éstos y lograron defraudar seis millones de euros a la Seguridad Social durante veinte años. Entre los detenidos hay familiares, empleados de banca y personas que compartían pisos con los ancianos fallecidos. En algún caso, incluso llegaron a caracterizarse y disfrazarse para hacerse pasar por ellos.

La Policía Nacional ha descubierto un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro de pensiones de personas ya fallecidas. El fraude se extendía por diez comunidades autónomas, donde han sido detenidas nueve de las 47 personas investigadas como supuestas responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

La mayoría de los investigados en la bautizada como "operación Libitina II" era familiares de los jubilados ya fallecidos, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda, según explicaron los investigadores.

Aprovechaban el fallecimiento de jubilados para seguir cobrando sus pensiones.

El modus operandi consistía en falsificar el certificado de vida para ocultar el fallecimiento de los pensionistas a la Administración, y luego se hacían pasar por personas autorizadas a cobrar la pensión falsificando las firmas de los fallecidos. En uno de los casos, el implicado extendió el fraude durante veinte años haciéndose pasar por nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.

Los agentes lograron localizar casos similares en 17 provincias españolas: A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. La investigación cuantifica en casi seis millones de euros la cantidad defraudada a la Seguridad Social.

Los investigados declararon que desconocían que cobraban las pensiones, en otros casos que necesitaban el dinero para subsistir y también que una vez que habían pasado cuatro años podían disfrutar del dinero acumulado sin que fuera ilegal. Los supuestos defraudadores engañaban incluso a algunos de sus allegados sobre la procedencia del dinero que manejaban.

Un empleado de banco robó 10.000 euros de una pensión


En la provincia de Albacete, un empleado de una entidad bancaria donde se ubicaba la cuenta del fallecido, habría cobrado de forma ilegal 10.000 euros. Para hacerse con el botín aprovechó su posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del pensionista en 2003 hasta 2017.

Otro caso significativo se dio tras una denuncia realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros durante aproximadamente seis años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios se observaron 209 compras, abonadas a través de una entidad financiera digital, con posterioridad al fallecimiento de la pensionista.

En la provincia de Málaga fue investigado el cobro de más de 129.200 euros por prestaciones indebidas de un pensionista perecido en 1999, y que fueron abonadas hasta el año 2017. Gracias al análisis de la información bancaria se observaron varios traspasos ulteriores al fallecimiento, pudiendo identificar a varios familiares del mismo como responsables de estos hechos.

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