16 de agosto de 2022
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FIN DE SEMANA

Las agrupaciones ACAIP y CSIF han retirado su firma del llamado PEAFA por "un incumplimiento constante por parte de la administración de lo acordado"

Los sindicatos en contra del plan de Interior para la prevención de agresiones en prisiones

Última hora ACAIP-UGT y CSIF en una manifestación.
ACAIP-UGT y CSIF en una manifestación.
‘Elcierredigital.com’ ha tenido acceso a una nota de prensa en la que se explica la decisión que han tomado los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF para retirar su firma del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA) del Ministerio de Interior. Esta noticia la han dado los presidentes de ambas agrupaciones debido al constante incumplimiento por parte de la administración de lo acordado.

Este jueves 28 de julio se han producido novedades en cuanto a la lucha por conseguir un control en los centros penitenciarios de España. Los presidentes nacionales de las organizaciones sindicales ACAIP-UGT, José Ramón López, y CSIF, Jorge Vilas, han abordado una rueda de prensa para anunciar su retirada de la firma del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA) del Ministerio de Interior.

Esta decisión se ha tomado porque desde la administración no han cumplido con las expectativas. Es decir, se hizo una promesa para que el cuidado en las cárceles aumentara, pero nada ha cambiado. Los trabajadores son agredidos por los presos, puesto que hay demasiados en proporción al espacio físico de la cárcel, y las condiciones no son las correctas.

El comienzo de todo 

El pasado 18 de julio ya se llevó a cabo una reunión del PEAFA porque así lo pidieron las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF debido al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y la agresividad de las mismas. En ‘Elcierredigital.com’ ya les informamos acerca de las agresiones que hubo en la cárcel de Valencia, en Picassent. En total se han registrado 18 funcionarios heridos en diferentes centros penitenciarios de todo el país.

Rueda de prensa de ACAIP-UGT y CSIF. 

Ya son cinco años desde que el movimiento tomó la iniciativa, pero en ACAIP-UGT y CSIF han ‘tocado techo’ y han enviado un escrito al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Función Pública y a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la retirada de la firma del PEAFA.

Argumentos de la decisión

En la nota de prensa hemos podido conocer los apartados que no se han cumplido pese al acuerdo que se llegó desde ambas partes. Primero afirman que “no se ha reforzado el papel de participación de los Delegados de Prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos penitenciarios”.

También reconocen que “no se ha facilitado a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas”. Su explicación se agarra a que “no se han tomado Medidas de protección jurídica: reconocer la condición de autoridad y nueva catalogación de las infracciones disciplinarias”.

Y ya por último han considerado que “no existe Apoyo psicológico al trabajador agredido ni se ha elaborado una Guía de asesoramiento jurídico al personal afectado” y “el proceso de investigación de la agresión, no solo debe quedar en manos del Subdirector de Seguridad”.

Defensa a los funcionarios de cárceles

Las organizaciones sindicales ACAIP-UGT han puntualizado en su nota de prensa que en el lado de los trabajadores de los centros penitenciarios. Y lo hacen mostrando un ejemplo. En una revista del Centro Penitenciario de Estremera han dado permiso a la publicación de un artículo redactado por un preso en el que degrada la imagen pública de los trabajadores y acusándolos de posibles delitos sin justificación más allá que las declaraciones de un interno.

Portada de la revista del Centro Penitenciario de Estremera. 

Pese a esto, las dos entidades mencionadas han confirmado que “continuarán con nuevas acciones hasta que sean atendidas las reivindicaciones del colectivo, como la reclasificación de centros y el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, así como la declaración de agente de autoridad o la cobertura de las cerca de 3000 vacantes que existen en las prisiones españolas”.

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