20 de octubre de 2019
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FIN DE SEMANA

Actualmente los refugiados y migrantes superan los 4 millones y el documento indica que podría doblarse esta cifra en 2020

Maduro y su policía asesinaron a 5.200 personas en 2018, según el Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Las Operaciones de Liberación del Pueblo han servido a Maduro para ejecuciones extrajudiciales.
Las Operaciones de Liberación del Pueblo han servido a Maduro para ejecuciones extrajudiciales.
A principios del mes de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe especial sobre la situación de Venezuela. La oficina presidida por la chilena Michel Bachelet ha encontrado “graves violaciones a los derechos” de la población. Destacan los más de 5.000 asesinatos oficiales del gobierno de Maduro en 2018 y la alta mortalidad por enfermedades curables.

El éxodo de Venezuela ha escalado hasta convertirse en el segundo más grande del mundo, solo superado por Siria, según indicó el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Actualmente los refugiados y migrantes superan los 4 millones y lejos de reducirse, el informe de Naciones Unidas alerta de que podría expandirse e incluso doblar esa cifra para el 2020.

Este año la expresidenta de Chile, Michel Bachelet, que desempeña el cargo de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó el país y realizó más de 558 entrevistas con afectados por la crisis que vive Venezuela. Después de revisar y contrastar los datos oficiales del gobierno de Maduro, los datos del parlamento y de ONG locales, el informe “insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos”.

Entre los datos que más destaca el informe son las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los grupos y funcionarios leales al régimen. Según indica el informe “El número de estas muertes es inusualmente alto”. En 2018, los asesinatos por “resistencia a la autoridad” registrados por el gobierno de Maduro alcanzan los 5.287. Mientras, la ong Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social habla de 7.523 en total. De cualquier forma, la cifra ha sido identificada por funcionarios de la OEA como "propias de una dictadura militar del siglo XX". Solo entre enero y mayo de 2019, gobierno y ong hablan de 1.569 y 2.124 asesinatos de parte de funcionarios respectivamente. La comisionada de derechos humanos advierte que las muchas son ejecuciones extrajudiciales.

El texto destaca que las FAES inflingen "miedo" para mantener "control social" en las zonas más pobres.

El informe de las ONU lamenta el modus operandi ya que “preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”. La comisionada destaca que la mayoría de operativos se realizan en zonas de bajos recursos y destaca el caso de siete jóvenes que fueron asesinados en sus casas por la policía después de participar en manifestaciones.

No solo los asesinatos destacan en el informe, desde la ONU advierten que la justicia es inexistente en el país caribeño. El texto asegura que  “siguen existiendo factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas, así como la inmunidad de facto de oficiales superiores”.

Desde que Maduro perdió el parlamento en 2015, los diputados salientes cambiaron a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de forma “express” y fuera de plazo. Desde entonces, los opositores a Maduro han reclamado un cambio en el alto tribunal por considerarlo inconstitucional y subordinado al gobierno.

El informe destaca que Nicolás Maduro declaró un estado de excepción la oposición politíca y cualquier voz disidente ha sido criminalizada. Destaca la detención de varios líderes sindicales entre 2018 y 2019 por exigir mejoras salariales. Bajo el título de “traidores” y “agentes desestabilizadores”, la comisión advierte de una perseción sistemática a cualquier voz crítica con el gobierno.

El informe recoge la persecución al poder legislativo por parte de Maduro. “A junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre otros cargos”, reza el texto.

La destrucción de los pueblos indígenas

Los países de América destacan por sus leyes de protección y jurisprudencias especiales para las tribus originarias. En el caso de Venezuela, el 2,5% de la población es indígena. Las tribus venezolanas han sido perjudicadas de forma “desproporcionada” el cuanto a derechos sociales y económicos, según destaca Bachelet. Los cierres de fronteras ordenadas por Maduro han tenido consecuencias “graves” en las poblaciones como la wayuu que habitan entre Brasil y Venezuela.

Durante los enfrentamientos registrados en la frontera centenares de indígenas se refugiaron en Brasil.

Bachelet destaca que las tribus han “perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado”. A demás ha señalado que el gobierno ha permitido la proliferación de bandas criminales organizadas y grupos armados que junto a cuerpos de seguridad se han apropiado de las tierras indígenas.

En 2019, la ONU ha documentado siete muertes violentas de indígenas y denuncia que los indígenas son: son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes estatales. La persecución ha obligado a huir a 966 pemones (Tribu que habita el sur de Venezuela) a Brasil.

Un país enfermo

El informe dedica también una sección a la situación sanitaria de Venezuela. Califica como “grave” la situación y describe un deterioro constante en los sistemas sanitarios públicos y privados. Las Naciones Unidas cifra el desabastecimiento entre un 60% y un 100% dependiendo del tipo de medicamento en las principales ciudades.

La Organización Panamericana de la Salud destaca en su reunión que enfermedades como la difteria o el sarampión que habían sido eliminadas han reaparecido con fuerza entre la población. Una de las situaciones más graves se encuentra en las infecciones de transmisión sexual. La escasez de anticonceptivos alcanza el 100% en muchas ciudades lo que ha disparado el contagio de enfermedades y los embarazos no planificados. El informe explica que “La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65 por ciento desde 2015”.

EL deterioro de los hóspitales es general según indica el informe.

En Venezuela los abortos no son legales, por lo que, se reporta un gran número de procesos ilegales que en muchos casos acaban con la vida de la mujer. En total, los abortos representan el 20% de la cifra de muertes maternas. Otras causas de muerte en las madres son la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales. Bachelet destaca que muchas mujeres salen del país para dar a luz en mejores condiciones.

Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, murieron 1.557 personas en los hospitales por falta de insumos médicos. El texto destaca que durante el apagón masivo de marzo de 2019, 40 personas perdieron la vida. En materia de salud las Naciones Unidas destaca que las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

De programas sociales a programas de control social

El gobierno de Chávez destacó por sus múltiples programas de asistencia social, orientados a mejorar la vida de los estratos más bajos. Las “Misiones Bolivarianas” han pasado de ser formas de lucha contra la exclusión social a mecanismos de control, según explica el comité de Derechos Humanos.

El texto destaca la actuación de los Cómites Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) un programa de distribución de alimentos mensual, que según el gobierno de Maduro llega a 6 millones de personas. No obstante, el informe recoge varias denuncias de ciudadanos que no han sido incluidos a pesar de su precaria situación económica por no ser simpatizantes del régimen.

Los CLAP destacan en el informe como un mecanismo de control politíco.

El “Carnet de la Patria”, un mecanismo de identificación social oficial ha sido destacado por Bachelet, ya que ha quedado constancia de que son manejados por los entes del partido y no por funcionarios del gobierno.

Las mujeres destacan como las más participativas en temas comunitarios, un 72% de los líderes sociales son mujeres; sin embargo, son las más perjudicadas por la exclusión política. El comité evaluador ha recopilado amenazas de otros líderes sociales y grupos armados relacionados con el régimen.

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