La orden "Delta Papa" de la Guardia Civil que causa alarma y que la Benemérita califica de "normal y corriente"

La orden 21/20 Delta Papa de la Guardia Civil firmada por el teniente general Fernando Santafé, quien por cierto estuvo de baja y en cuarentena durante unas semanas por haber sido víctima del COVID-19 es "una más dentro de las que se dictan semanalmente dentro de la Guardia Civil", según aseguraron fuentes de la Benemérita a elcierredigital.com. El general Santafé es el Mando de Operaciones de la Guardia Civil.

No obstante, el escándalo surgió este miércoles cuando El Periódico adelantó en exclusiva que la orden alertaba que tras pasar de fase y comenzar la desescalada en algunos lugares de España podrían producirse "movimientos de conflictividad social". 

La orden 21/20 estaba firmada por el teniente general Santafé, jefe del Mando de Operaciones y se titula 'Actuación de la Guardia Civil en el marco del Plan de Transición hacia una nueva normalidad'. Contempla también la posible aparición en esta fase de transición de protestas por motivaciones políticas o "de corte separatista”, en alusión a Cataluña. "Esto no es nuevo, porque cuando comenzó el estado de Alarma ya teníamos disturbios en Cataluña", dicen desde la Benemérita.

El documento señala otros focos de protestas que pueden tener lugar en los próximos meses y menciona posibles disturbios en zonas "más deprimidas económicamente", otros que podrían estar protagonizados por ciudadanos "afectados por erte o despidos".

Dirección General de la Guardia Civil.

 La Guardia Civil cree que otros disturbios de orden público podrán tener como origen "la prohibición por la autoridad gubernativa de las fiestas patronales" de una localidad u otras relacionadas con "fines de semana, festivos o periodo estival". Según fuentes de la Benemérita, "es una orden que no tiene nada de extraordinario, cuando llega el verano o hay operaciones salida de tráfico se dan órdenes similares que no tienen trascendencia y ahora con el confinamiento tienen más repercusión".

Ante ese riesgo de una posible explosión social, la nueva orden anuncia que incrementará "la vigilancia de redes sociales para la identificación preventiva de posibles iniciativas o movimientos que generen o puedan generar conflictividad o alarma social". Añade que "habrá que tener en cuenta el empleo de internet para la generación de episodios de desinformación (bulos) así como de apología de quebrantamiento de las normas". La misma fuente explica que "se dan en concreto órdenes a ciertas unidades porque son las especializadas en ese tema".

Tras la polémica desatada en abril por la investigación de bulos que "generasen desafección a instituciones del Gobierno", la Guardia Civil seguirá monitorizando las redes sociales. Y en esta nueva fase, lo hará "por la posibilidad de movimientos orientados a generar conflictividad social". Ese rastreo le servirá también para tener datos de la "aceptación general de las medidas restrictivas de cada fase" y para "identificar las posibles zonas, localidades o grupos sociales que sean más propensos a violar esas normas".

La orden advierte que con la desescalada es posible que se "incrementen las cifras de delincuencia", debido a "la necesidad de ingresos de los delincuentes, a que los servicios se dirigen prioritariamente a cometidos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria y a que el aumento de la movilidad ayuda a enmascarar los desplazamientos de los delincuentes". La Guardia Civil señala expresamente que "podrían aumentar" los robos en viviendas, "sobre todo en segundas residencias", y también en establecimientos comerciales e instalaciones agrícolas y ganaderas.