Censura a la prensa: Algunos hospitales imponen a los sanitarios que no informen a los medios de lo que está ocurriendo

Desde la gerencia del sector sanitario de Barbastro (Huesca), dependiente del Servicio Aragonés de Salud, han remitido un comunicado interno a sus trabajadores sanitarios avisándoles de que no pueden compartir información a través de WhatsApp sobre lo que está ocurriendo en los hospitales en relación al coronavirus, entre otros a los medios de comunicación. 

En la circular, se avisa de que "la difusión de información de carácter sanitario por medio de aplicación de WhatsApp está estrictamente limitada y condicionada al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos".  

"WhatsApp es un sistema de mensajería instantánea utilizado de manera habitual para fines personales por lo que su uso indebido por parte de profesionales sanitarios puede acarrear graves sanciones económicas que pueden llegar a los 600.000 euros", señala la nota interna.

En este sentido, avisan a los profesionales sanitarios de que "deben evitar comunicar datos de salud o de organización e información sanitaria a otros profesionales sanitarios por este medio ya que no garantiza ni la integridad ni la confidencialidad de la información".

Asimismo, indican a sus trabajadores el modo de actuar con datos relacionados con el coronavirus: "En la situación actual toda la información que tenga relación directa o indirecta con el COVID-19 debe manejarse con responsabilidad y prudencia dado que no se trata de información personal sino profesional y, en este momento, también social" y añaden que "compartir a través de un medio de mensajería previsto para fines personales datos o información sobre la actividad realizada por un profesional sanitario  sobre cuestiones de organización interna de la empresa (centro de salud, hospital, etc...) o actividad de otros profesionales, vulnera la normativa en materia de protección de datos".

Por último, apelan a la responsabilidad personal de cada sanitario en el control de la información y su tratamiento que se comparte. "Somos responsables de utilizar un medio seguro en la información que compartimos. Y también nos obliga a ser consecuentes con su contenido, con quién lo compartimos y, sobre todo, con cuál es la finalidad para la que se comparte y las consecuencias que ello tiene", finaliza la nota.

Medidas sobrepasadas

Los expertos consutados por elcierredigital.com apuntan que estas medidas, tomadas en algunos centros hospitalarios de España por las gerencias, sobrepasan los límites legales establecidos. "Yo creo que fundamentar la prohibición de difundir información relativa al coronavirus mediante la legislación relativa a la protección de datos no es del todo correcta", nos señala un funcionario jefe del servicio disciplinario de una administración pública.

"La protección de datos se concreta a los datos personales, lo que no es el caso porque ningún sanitario informa por WhatsApp de ningún paciente concreto. También las comunicaciones por WhatsApp son particulares y privadas aunque el número de partícipes sea amplio. Y eso también vale aunque se haga a través de otras vías de comunicación, como Twitter u otras plataformas digitales", afirman los expertos consultados.

Para ellos, "el fundamento de la prohibición se basaría en la obligacion del funcionario público de guardar secreto sobre los asuntos que le han sido encomendados al tratarse de un ámbito público. Así publicitar el trabajo y sus condiciones constituiría una falta de lealtad hacia la Organización pública de la que se depende y podría ser causa de expediente Disciplinario y suspensión de funciones".

Según señalan, "el funcionario público tiene sus propios cauces para poner en conocimiento de sus superiores todo tipo de información relativa al servicio, bien para denunciar o bien para proponer cambios o mejoras. Pero intentar suprimir la comunicación privada entre colegas no parece legítimo ni posible. Otra cosa muy distinta es hacerlo a través de medios públicos y aquí si es sancionable por la vía administrativo, como una sanción, pero nunca mediante multas de 600.000 euros".