El Parlamento Europeo examina una queja de guardias civiles sobre la conducción de presos a las cárceles

El Parlamento Europeo ha registrado e iniciado el examen de la queja sobre el incumplimiento normativo, conculcación de derechos y riesgos laborales que AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) interpuso el pasado mes de diciembre, según informa la asociación en un comunicado.

Los agentes de este colectivo decidieron elevar la queja al organismo europeo "ante la inacción del ministro del Interior y las negativas a recibir a los legítimos representantes de los Guardias Civiles".

La queja de AUGC se basa, según explica la nota, en "la defensa de los derechos humanos de los presos, penados y detenidos, así como de los derechos laborales de los Guardias Civiles, y el continuo incumplimiento de la jerarquía normativa Española, a través de la Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado".

Esta normativa es la encargada de regular las conducciones y custodia de los reclusos de centros penitenciarios. Asimismo, la asociación protesta por "la nula coordinación" ejercida desde la Secretaría de Estado con la Policía Nacional.

En este sentido, denuncia que los guardias civiles "siguen sometidos a numerosos riesgos laborales, custodiando internos y detenidos en las salas de urgencias de los hospitales públicos en demarcación de Policía Nacional, y también en dos sedes Judiciales de Madrid (donde recientemente fueron agredidos por un detenido que se dio a la fuga)".

Uno de los traslados de Fabrizio Joao, el preso más peligroso de las cárceles españolas, fallecido en octubre de 2019 

Por contra, AUGC denuncia que el ministerio del Interior "obvia esta problemática e incumple la normativa, pero también se niega a contestar al Defensor del Pueblo, teniendo que ser requerido hasta en 3 ocasiones por su falta de colaboración, tardando 5 meses en dar respuesta al requerimiento de información".

Y es que, durante todo el año pasado y lo que llevamos de 2020, AUGC ha comunicado a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior y al Defensor del pueblo esta situación, a través de escritos, peticiones de reunión y solicitudes directas al ministro Fernando Grande-Marlaska, "sin haber obtenido respuesta por parte del Gobierno", aunque están pendientes de que el Defensor del Pueblo emita su resolución en las próximas semanas.

La asociación también critica que el trasvase de guardias civiles que prestan sus servicios en poblaciones de la "España Vaciada", donde la competencia de la seguridad ciudadana es de este cuerpo, para incorporarlos en tareas  de conducciones y custodia de presos en demarcación de Policía Nacional, así como para realizar la vigilancia de los centros penitenciarios que venía desempeñando la seguridad privada.

Así, AUGC asegura confiar plenamente en Europa, "ya que siempre nos ha dado la razón ante los problemas planteados, iniciando así un camino donde tocaremos todas las puertas necesarias en las instancias Europeas para defender a los guardias civiles". Del mismo modo, instan nuevamente al ministerio del Interior "a solucionar esta situación con urgencia, tendiendo totalmente la mano al nuevo Secretario de Estado de Seguridad antes de que sea el propio Parlamento Europeo el que resuelva contra el ministerio del Interior".