19 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

AUGC advierte que aunque en 2007 se había dejado de usar la ley contra la Benemérita, en 2011 el PP con Rajoy la reactivó

Protesta Guardia Civil: Clamor contra el Código Militar por juzgarse a tres oficiales por sus opiniones en un chat privado

Manifestación impulsada por AUGC
Manifestación impulsada por AUGC
Tres guardias civiles están siendo investigados por haber difundido opiniones contrarias a las de sus superiores en un chat privado de Whatsapp. El caso reabre el conflicto sobre si se debe o no usar el Código Penal Militar contra la Benemérita. Un grupo de agentes, convocados por AUGC, se han reunido frente al juzgado en Sevilla para reclamar el fin del uso de esta ley.

Durante la mañana del lunes, un grupo de oficiales de la Guardia Civil participaron en una manifestación frente al Juzgado Togado Militar, en la ciudad de Sevilla. La convocatoria fue realizada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que promueve que los jueces dejen de utilizar el Código Penal Militar para juzgar a los Guardias Civiles por actos realizados durante el servicio en fuera del mismo.

Según la asociación “Se trata de una herramienta abusiva, arbitraria y a todas luces injusta, que supone que un servidor público, pueda acabar entre rejas como consecuencia de una discusión laboral o por presuntos hechos privados sin relación con el servicio.

Aunque desde AUGC llevan reclamando que cese de la aplicación del código militar, esta semana ha iniciado el proceso contra res agentes de la Benemérita destinados a Sevilla y afiliados a la asociación. A los hombres se las ha incoado diligencias previas por posible comisión de delitos contra la disciplina militar.

Al parecer, los agentes en cuestión difundieron a través de conversaciones privadas de Whatsapp, un audio en el que criticaban a dos oficiales por sus actuaciones a comienzos del Estado de Alarma. De alguna forma, la nota de voz llegó a oídos de los militares en cuestión y estos iniciaron el caso.

AUGC no solo reclama que no se aplica el código penal militar por esta cuestión realizada en la esfera privada de los oficiales, sino que también resaltar que para identificar a los autores de los audios se utilizó a personal del servicio de información. En un comunicado la asociación asegura: “se detraen medios para la seguridad ciudadana para poder “encarcelar” a unos compañeros, mediante aplicación del Código Penal Militar”.

Según la investigación, los tres agentes podrían haber concurrido en el delito de “insulto a superior”. No obstante, la asociación también reclama por aplicar esta ley en actuaciones privadas. “Los guardias civiles los únicos trabajadores a los cuales, en un Estado de Derecho, y por unos supuestos hechos sin relación con la misión constitucional encomendada a los cuerpos policiales, se les podría castigar con penas de privación de libertad”, asegura AUGC en su nota.

La concentración sin incidentes

La manifestación se llevó a cabo en horas de la mañana sin ningún hecho destacable. Los participantes leyeron un manifiesto y han atendido ala prensa para explicar los detalles del caso.

Recuerdan que, en 2007, cuando entró en vigor la Ley de Régimen Disciplinario, se estableció que ningún agente de la Guardia Civil sería sujeto del Código Penal Militar en relación a actor propios de los servicios de carácter policial, a menos que se encontrase en vigencia un Estado de Sitio o si los agentes se encontraran cumpliendo una misión de carácter militar.

Protesta en Sevilla

Según explican desde AUGC: “con el retorno del Partido Popular al Gobierno, a partir de 2011, esta norma comenzaría a ser reinterpretada de manera que se plasmaría finalmente en la entrada en vigor, en enero de 2016, del nuevo Código Penal Militar, que conllevaría una remilitarización de la Guardia Civil y con ello un grave retroceso en derechos para los trabajadores de esta institución”.

La organización también reclama que se establezca que solo se aplica el Código Penal Militar en los casos del apartado 4 del artículo 1 del mismo texto. Según la asociación, esto generaría una “idoneidad de contribuir a la mejor y más eficaz prestación del servicio público de seguridad ciudadana”.

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