Sociedad Civil Catalana denuncia a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O, que cifra en casi dos millones

Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y sus exconsejeros, por los gastos que ocasionó la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, que ellos valoran en 1,97 millones de euros de fondos públicos.

Es más, en su escrito, los denunciantes remarcan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal "por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad", que elevan a más de 87 millones de euros.

En caso de admitirse a trámite la denuncia, el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece el nombramiento de un instructor entre cuyas obligaciones está la de calcular una "liquidación provisional" del alcance contable y requerir a los presuntos responsables que "depositen o afiancen" ese importe provisional más intereses "bajo apercibimiento de embargo", que se ejecutará si no consignan la cantidad que en esa primera estimación de daños se les reclame.

Puigdemont y trece más

La denuncia se dirige contra Carles Puigdemont y los trece consejeros que formaban parte de su Gobierno durante la celebración de la consulta independentista, los cuales, según el escrito, "destinaron fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior a 1.971.601,20 euros a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto de 6 de septiembre de 2017". Además, añade, "con su actuación ocasionaron un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87.103.355,05 euros".

"De ese modo, aplicaron recursos públicos que gestionaban a una finalidad ilícita, ajena a la función pública, extraña a los fines públicos legalmente confiados a la Generalitat de Cataluña, y que ya había sido declarada ilegal en numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional y en las actuaciones judiciales seguidas contra los denunciados", como las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explica Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

Tras resumir la actuación del Gobierno de Puigdemont los meses anteriores a la celebración del referéndum, enumerando todas las leyes y decretos aprobados en contra de las resoluciones del Constitucional, la denuncia concluye que la investigación penal que se ha llevado a cabo, tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "ha permitido averiguar y descubrir parte de los gastos públicos realizados o comprometidos".

Consulta ilegal

Así, subraya que el auto de procesamiento dictado el pasado mes de marzo por el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, cifraba provisionalmente estos gastos en algo más de 1,6 millones de euros y los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de cara al juicio, en 1.971.601,42 euros.

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

Pero además de repasar los gastos previstos por la Generalitat para la celebración de la consulta ilegal, tal y como ha reflejado la investigación del Supremo, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución incluyen en su denuncia el despliegue que tuvo que llevar a cabo el Gobierno central cuando "se vio en en la necesidad de desplazar a Cataluña un dispositivo de 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin perjuicio de que se organizaron relevos".

Así, reproducen en su escrito una comparecencia del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido en el Senado en la que afirmó que el Ejecutivo había destinado un total de 87.103.355,05 euros a "sufragar el coste total del amplísimo despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña".

"Obstinación" del Govern

Según desglosó entonces el ministro, y así se recoge en la denuncia, "el mayor gasto correspondió a las dietas de los agentes, que ascendieron hasta 43,3 millones de euros, otros 26,5 millones se destinaron a fletar y mantener el servicio de los tres ferrys atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona donde se alojaron los policías desplazados", y "queda aún por averiguar el gasto en el traslado de los agentes y los complementos de productividad".

"Es obvio que el desplazamiento del contingente obedeció a una decisión adoptada por el Gobierno de la Nación y que los gastos de desplazamiento, manutención y estancia asociados fueron financiados con fondos públicos de la Administración del Estado, y no del ente público que gestionaban los denunciados. Pero también lo es que el despliegue del dispositivo de seguridad y el gasto público asociado que soportó el Estado, como entidad pública perjudicada, trae causa directa de la convocatoria del 1-O y vino directamente motivado por la obstinación de los denunciados en celebrar el referéndum, por lo que a ellos debe imputarse la responsabilidad del daño ocasionado a las arcas públicas estatales", resaltan los denunciantes.

El expresidente Puigdemont y los demás miembros de su Gobierno eran plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron, y actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaban o autorizaban con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo por tanto una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable", concluyen.

Por todo ello, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución solicitan al Tribunal de Cuentas que requiera a la Generalitat toda la documentación contractual y financiera utilizada para la convocatoria del referéndum así como la certificación de los gastos y pagos que se realizaron en cada departamento.