David Serrano, dueño de la finca donde falleció Julen, no podrá pagar la multa de 300.000 euros de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar a David Serrano, propietario de la finca de Totalán (Málaga), en la que falleció Julen tras caer a un pozo en enero de 2019, con una multa de 300.001 euros por una infracción muy grave en materia de seguridad minera.

Antonio Flores, abogado de Serrano, explicó a elcierredigital.com que "estamos valorando si recurrimos a un juzgado de lo contencioso, porque si perdemos las costas serían importantes. No parece muy justo que a mi cliente le multen con 300 mil euros y al profesional que hizo el pozo con 30 mil euros".

David Serrano acumula sanciones por más de un millón de euros, 600 mil a la Junta por las labores de rescate, 180 mil a los padres del menor y ahora estos 300 mil de nuevo de la Junta de Andalucía en concepto de multa, en total 1.080.000 euros. Una cantidad inasumible para Serrano que incluso antes del verano tenía problemas para conseguir trabajo como camarero, profesión que siempre ha ejercido.

El 15 de enero de 2019 Julen Roselló, de dos años, se precipitó por un foso excavado en el paraje denominado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, lugar en el que los técnicos de la Junta constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que “no estaba tapado ni entubado”. El 26 de enero se localizó el cadáver del menor en el interior del citado pozo.

Trabajos de rescate en la finca de Totalán.

El 8 de febrero la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería que el titular catastral de la parcela donde se halla el pozo no contaba con la autorización previa de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una solicitud para ello, ni había presentado el proyecto técnico de las obras. Un mes después, y con un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existían “dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión: el primero, tapado o sellado y el segundo, sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cayó el menor".

La Secretaría General de Industria de la Junta de Andalucía inició un procedimiento sancionador contra el propietario de los terrenos, David Serrano, el 18 de junio de 2019.

Además, la Delegación de la Junta en Málaga también tramitó un expediente sancionador contra la empresa que realizó las perforaciones por "una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera por la realización de actividades reguladas en dicha ley sin la dirección facultativa exigida y omitiendo la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente". La cuestión es que en este caso la multa propuesta es de 30.001 euros.

Flores explica que "normalmente en el sector de la construcción los promotores infractores y los arquitectos infractores recibien las mismas multas. En este caso no ha sido así". Sobre la posibilidad de que la finca pueda ser embargada si David Serrano no puede afrontar la multa explica su abogado que "la finca ya estaba embargada, además mi cliente ya tiene por un lado 180 mil euros de responsabilidad civil en indemnización para la familia Roselló y 600 mil por las obras del rescate a la Junta de Andalucía. Son importes absurdos que no puede asumir porque además ya solicitamos el concurso de acreedores de persona física".

Hay que recordar que en enero de 2020, David Serrano y los padres de Julen llegaron a un acuerdo que evitó la celebración de juicio contra el primero, acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave. Serrano reconoció los hechos y aceptó una condena de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave.

Además, en virtud de ese acuerdo, el acusado se comprometería a abonar una indemnización a los padres, con una cantidad inicial, que sería de unos 25.000 euros y que estaba previsto que se abonara previamente a la vista oral, y posteriormente otras mensuales. Las fuentes judiciales han indicado que esa compensación podría alcanzar los 180.000 euros en total. Además, Serrano fue condenado a pagar las costas del rescate estimadas en 600.000 euros a la Junta de Andalucía.

Poco después se conocía que María Victoria y José, los padres de Julen, perdían de manera natural el tercer niño que iban a traer al mundo.