Javier Biosca, acusado de estafar 280 millones en criptomonedas, declarará este jueves en calidad de investigado

Este jueves, después del aplazamiento que tuvo lugar la semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración en calidad de investigado a Javier Biosca, por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros.

Biosca, que se encontraba en paradero desconocido desde finales de 2020, fue detenido a comienzos de junio en Málaga por supuesta estafa continuada, apropiación indebida y falsedad de documento público a través de la empresa Algorithms Group, una compañía dedicada a las inversiones en criptomonedas que, no obstante, carecía de todo tipo de autorizaciones, no figurando, asimismo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Javier Biosca y su esposa, Paloma Gallardo. 

Su mujer, Paloma Gallardo, y su hijo, Sergio Biosca, están acusados de los mismos delitos que su padre como presuntos partícipes en la trama, aunque tendrían un papel específico: el de supuestos captadores. Ambos declararon el pasado viernes, cuando aseguraron ante el magistrado desconocer en qué consistía exactamente el trabajo de Javier.

Compra y venta de divisas digitales

El negocio consistía en la compra y venta, en tiempo real, de este tipo de divisas digitales tales como Bitcoin, Ethereum o Litecoin con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero. De este modo, Biosca ofrecía a sus clientes, inicialmente sus vecinos, ganancias semanales de entre un 20% y un 25% por su inversión, operaciones que comunicaba con mensajes personalizados a través de WhatsApp, y cuyos altos beneficios iniciales fueron atrayendo, gracias al boca a boca, a nuevos inversores.

“Su poder de convicción y capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, conseguían embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima”, relata la querella presentada por la abogada Emilia Zaballos, y admitida a trámite el pasado 4 de mayo, dirigida también contra la mujer de Biosca, Paloma Gallardo, y su hijo Sergio. “Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Estafa piramidal tipo Ponzi

Javier Biosca, definido en esta causa como un “autodidacta”, se convirtió en un experto estudiando este negocio por su cuenta. En verano de 2019 comenzó con 19 clientes, conocidos de su entorno, y un año después, en 2020, contaba con entre 300 y 500 inversores, una cifra que se incrementó hasta alcanzar los 3.000. Un ‘modus operandi’ que, similar al de las estafas piramidales tipo Ponzi en las que los nuevos clientes pagan las ganancias de los antiguos de modo que es posible ofrecer altas rentabilidades ficticias, comenzó a levantar las primeras sospechas durante los meses de pandemia, precisamente cuando el negocio alcanzó su máxima popularidad.

Fue entonces cuando se produjeron las primeras situaciones de irregularidad, los primeros retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar transacciones por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que sembró las dudas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que terminó por desencadenar la huida de Javier Biosca y su posterior detención el pasado mes de junio.

No es este el único caso registrado en España. Las presuntas estafas con criptomonedas han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales de este tipo. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones. 

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a disposición su número de teléfono 91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados, Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico para cualquier consulta de afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com y la web para que cualquier persona que haya sido damnificada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/ o https://www.asociacionafectadoscriptomonedas.es/.