16 de julio de 2019
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FIN DE SEMANA

Contaron supuestamente con la ayuda de empresarios dedicados en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar

Una pareja de profesores de la Universidad de Cádiz desvió un millón de euros para hacerse un chalé

La Universidad de Cádiz.
La Universidad de Cádiz.
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio formado por profesores de la Universidad de Cádiz (UCA) que supuestamente se valieron de su cargo para gestionar en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos para beneficio propio, en concreto, se incluiría la construcción de un chalé.

Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la construcción de esta lujosa vivienda particular situada en la Urbanización de Vistahermosa, de El Puerto de Santa María.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, en la operación se ha detenido en total a seis personas, el matrimonio y cuatro personas, entre ellos empresarios de Sanlúcar de Barrameda, a los que se les imputa la supuesta participación en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Además, otras dos personas se encuentran como investigados no detenidos.

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017, a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz, tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz al detectar que un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la FUECA.

Las primeras pesquisas realizadas permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la financiación de la construcción de la lujosa vivienda y los principales investigados resultaron ser dos profesores de la Universidad que supuestamente contaron con la ayuda de empresarios dedicados en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar.

Parte de las instalaciones de la Universidad de Cádiz.

Según ha agregado la Policía, habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas.

Por su parte, la Universidad de Cádiz, en su papel fiscalizador, haciendo de intermediaria de los fondos habría estado autorizando el abono de dichos pagos en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones, públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.

Fruto de las gestiones practicadas y del análisis de los datos obtenidos, los agentes especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 supuestamente fueron defraudados a través de la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén. Además, se han practicado sendos registros domiciliarios en dos inmuebles de El Puerto de Santa María, incautándose de numerosa documentación, así como equipos informáticos relacionados con la causa investigada.

Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados. La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros.

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