María Sevilla, expresidenta de la polémica Infancia Libre, se enfrenta al juicio por la sustracción de su hijo

Este jueves 1 de octubre comenzó el juicio contra María Sevilla, acusada de un supuesto delito de sustracción de menores, al haber desaparecido con su hijo en marzo de 2017 y no comunicar el paradero del menor a su padre. A finales de ese mismo año un Juzgado concedió la custodia del niño al padre, Rafael, pero para entonces María Sevilla ya se encontraba ilocalizable.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía piden en sus escritos de acusación que sea condenada por sustracción de menores, aunque el Ministerio Público pide tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad y la acusación particular solicita que la pena de cárcel sea de cuatro años y medio (cuatro por sustracción y seis meses por abandono familiar) y que la retirada de la patria potestad sea por un período de seis años. El padre el menor pide además una indemnización por responsabilidad civil de 18.000 euros. El abogado de María Sevilla, Vicente Tovar, pedirá la libre absolución al entender que no concurren las circunstancias delictivas necesarias para ser procesada por sustracción de menores.

En la madrugada del 30 de marzo de 2019, un numeroso grupo de policías pertenecientes a la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en la casa donde residían María Sevilla, su hijo, su pareja actual y otra hija en común, a las afueras de Cuenca, cumpliendo una orden judicial. En ese momento el menor, que entonces tenía once años, fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos a las pocas horas y con una orden de alejamiento de su hijo hasta la celebración de este juicio.

La detención de María Sevilla, presidenta de la organización Infancia Libre fue la primera de varias actuaciones de la Policía contra las madres que formaban parte de esta asociación. Todas eran acusadas de haberse llevado a sus hijos sin el permiso de los padres.

María Sevilla a la salida de la vista de ayer.

A raíz de estas detenciones, la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados elaboró un informe en el que acusaba a Infancia Libre de ser una organización criminal. Para ello entrevistó a diversos padres que afirmaban ser víctimas de las mismas prácticas. El informe llegó a contener el nombre de unas 20 mujeres a las que se acusaba de interponer denuncias falsas y de seguir el mismo modus operandi . El informe se entregó a la Fiscalía para que valorara abrir una investigación penal, pero finalmente fue archivado por falta de pruebas consistentes.

Este jueves no se está juzgando a la organización, sino a los posibles delitos o acciones que hayan cometido sus integrantes individualmente. Las únicas imputadas hasta la fecha son María Sevilla y Patricia González que también permaneció durante varios meses en paradero desconocido con su hija y a la que la fiscalía imputa también un delito de sustracción, aunque su juicio aún no tiene fecha.

La historia de María Sevilla

La historia se remonta a 2010, cuando comenzó una batalla legal por la custodia del menor entre María Sevilla y Rafael, padre del niño, tal y como recoge un informe psicológico de los servicios sociales, encargado por el Juzgado y que terminó sentenciando la custodia a favor el padre, tal y como adelantamos en elcierredigital.com. Una sentencia que María nunca cumplió, llevándose al niño lejos de su padre.

María Sevilla, cuando representaba a la ONG Infancia Libre.

Este mismo informe psicológico, que también recogía entrevistas con los padres del menor, explicaba que "Rafael manifiesta un tono emocional acorde a los acontecimientos vividos". Los servicios sociales constataron que el padre "con respecto al futuro, para compaginar el cuidado del menor con el ámbito laboral, cuenta con el apoyo de su madre, quien se ocuparía de la atención del menor hasta la finalización de su horario, habiendo tomado las medidas oportunas para poder ejercer el cuidado del menor, de tal manera que se podría incorporar a su vida de forma inmediata".

No cumplía la orientación del pediatra

En contra de María Sevilla debió influir su actitud ante los Servicios Sociales, recogida en el informe: "Doña María mantiene una actitud distante con las entrevistadoras; si bien no se opone activamente a la entrevista, no se muestra accesible a la indagación de emociones y pensamientos, aportando la información que estima oportuna". La mujer también manifiesto claramente que "alimentó al niño con lactancia materna exclusivamente hasta el año aproximadamente. Ella era vegetariana y aunque según comenta realizaban los controles pediátricos oportunos, incumplía las orientaciones del mismo, desde donde no aconsejaban la alimentación exclusiva vegetariana en la lactancia y al no introducir la alimentación externa e forma progresiva tal y como le pautaron" y añade que "exhibe un estilo de pensamiento rígido y circular del que no hace autocrítica (...). No asume ninguna responsabilidad en la situación creada, ni en las dificultades que se exponen del menor, dando la impresión que no es consciente de la gravedad de las mismas y atribuyéndolas en cualquier caso a la relación del menor con el padre". Ahora María Sevilla se enfrenta a la Justicia.