El sistema penal español en duda tras el suicidio del padre del joven muerto por el Kamikaze de la M-50

En el mes de septiembre de 2019, Kevin Cui, de origen chino, criado en la localidad de Leganés, regresaba a su domicilio en coche después de haber salido y tomado unas copas, causando un accidente con resultado mortal al conducir en sentido contrario con temeridad y bajo los efectos del alcohol en la carretera de circunvalación de la M-50 a la altura del kilómetro 25 en dirección Coslada.

En dicho accidente falleció Víctor, un joven que acudía a su puesto de trabajo como carnicero el domingo por la mañana. Se trataba de su tercer día de trabajo en la empresa. Víctor conducía correctamente en el sentido de la circulación, pero Kevin le embistió al circular en sentido contrario.

Después de un largo proceso judicial, la sentencia ha condenado a Kevin a ocho años de prisión.

El padre de Víctor, después de haber sufrido una dura depresión, al conocer la condena y considerarla insuficiente, se acabó quitando la vida el pasado martes 2 de noviembre.

Al parecer, no sólo la familia se había enfrentado a la pérdida de Víctor sino que en un periodo de tres años, además había fallecido el padre de Francisco y su hermano, al parecer este último se quitó la vida en el mismo lugar que Francisco.

¿A qué ha sido condenado el kamikaze?

La Audiencia Provincial de Madrid, el día 15 de octubre, dictó sentencia por la que condenó a Kevin como autor de un delito de homicidio doloso, conducción temería y de conducción bajo los efectos del alcohol. En este caso, el condenado se benefició de la aplicación de la atenuante de “reparación del daño”, pues antes de que fuera condenado abonó a los familiares de Víctor la cantidad de 87.000 euros. En la sentencia se concluye que Kevin era “plenamente consciente” del riesgo para la seguridad de la circulación y la vida que provocaba su circulación temeraria.

Al autor se le ha condenado a ocho años de privación de libertad, a nueve años de privación del derecho de conducir y a una indemnización de 100.000 euros al padre y 110.000 euros a la madre de Víctor y 10.000 euros a la pareja de la víctima con la que al parecer mantenía una relación sentimental desde hace unos cinco años.

Según los testimonios, Kevin no recordaba qué ocurrió en aquella fatídica noche. Después del juicio, y antes de que quedara visto para sentencia, en este tipo de procedimientos los acusados tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra. El acusado la utilizó para disculparse por el error alegando estar arrepentido.

Los procedimientos penales tienen la gran limitación de no poder reparar realmente el mal causado, pues por más gravosa que fuera la sentencia no se puede devolver la vida a Víctor.

Por otra parte, en estos casos no solo ha sufrido perjuicio la víctima directa sino que también sufren los familiares y seres queridos. Así, en este caso, el padre aguantó los dos años que duró el juicio, tal vez con la esperanza de que la sentencia fuera ejemplar o mínimamente proporcional al mal causado.

Al sentir que todo quedaba en ocho años de prisión, que todos sabemos que no suelen cumplirse íntegramente pues es posible obtener beneficios penitenciarios, el padre de Víctor, Francisco, no ha podido aguantar la situación y ha optado por quitarse la vida.

¿Este segundo fallecimiento conlleva algún tipo de responsabilidad penal?

No, puesto que ha sido el propio Francisco el que se ha quitado la vida una vez ha conocido la sentencia condenatoria del causante de la muerte injusta de su hijo.

Perder a un hijo es algo antinatural, pero el hecho de que se sienta que su muerte no es sentenciada con la contundencia que merece, crea una sensación de impotencia que en este caso Francisco no ha podido sobrellevar y superar.

Quizá el padre pudo sobrellevar el fallecimiento de su hijo durante estos dos años mantenido por la fuerza que le generaba la idea de que debía de hacer justicia para que la muerte de su hijo no quedara impune, pero una vez llegada la sentencia y considerar que la condena era demasiado baja, no pudo soportar su propia existencia y se quitó la vida.

Kevin Cui Bai, el kamikaze que acabó con la vida de Víctor López.

Desde un punto de vista legal, hemos de reconocer que algunos delitos conllevan una pena muy baja en relación al bien jurídico que protege, en este caso la vida, pero debemos de tener en cuenta que el fin del derecho penal en España es la reinserción y no la represión.

¿Qué quiere decir eso? En España se imponen condenas a las personas que cometen delitos con el fin de reinsertarlas en la sociedad, lo que ahora está de actualidad con la muerte del niño de Lardero. Por ello, en España, el derecho penal no actúa con represión, con el fin de que una persona no cometa un delito por el miedo a la condena, sino que el fin de la reinserción supone que se pueda reconducir la conducta inadecuada del condenado para poder integrarle de nuevo en sociedad.

¿Esto es justo? ¿Es razonable que después de cometer tres delitos que han acabado con la vida de una persona el autor sea condenado a sólo ocho años de prisión?

La Fiscalía solicitó doce años de prisión y la acusación particular de la familia quince años. La defensa de Kevin manifestó que no estaba de acuerdo con el fallo y tenía intención de recurrir la sentencia.

Mi opinión personal, al igual que estoy seguro que la de muchas personas, es que es una sentencia con una condena muy leve para la gravedad de los hechos, pero también es cierto que no por establecer una pena mayor, Víctor, la víctima mortal del accidente, puede volver a la vida.

El gran debate moral se abre ahora por no saber cómo valorar las devastadoras consecuencias para los familiares y allegados del fallecido hasta el punto de que el propio padre se ha quitado la vida, no en el momento en el que perdió a su hijo sino en el momento en el que se ha hecho pública una sentencia que él ha sentido como injusta e insoportable hasta el punto de tomar la decisión de quitarse la vida.

El accidente de hace dos años quitó una vida en el acto, ha conllevado la perdida de otra una vez se ha conocido el veredicto, y es indiscutible que otros familiares y allegados están sufriendo un inmenso dolor que no puede ser reparado ni con una indemnización económica ni con un aumento de los años de prisión.