Caso Ardines: Condenados los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU a 20 y 22 años de cárcel

El Tribunal del Jurado de la Sección Segunda de la Audiencia de Oviedo, al frente del magistrado Francisco Javier Iriarte, ha sentenciado –de acuerdo con el veredicto del jurado popular– que los cuatro acusados por el asesinato del concejal de Llanes (Asturias), Javier Ardines, cumplirán penas que van desde los 20 hasta los 22 años de cárcel.

El acusado del crimen y los dos autores materiales, que acabaron con la vida del edil en agosto de 2018, Pedro Luis Nieva Abáigar, Djilali Benatia y Maamar Kelii, respectivamente, han sido condenados a 22 años de prisión, mientras que al intermediario, Jesús Muguruza Butrón, le ha impuesto una pena de 20 años y un día.

Los cuatro acusados fueron declarados culpables por unanimidad por un jurado popular tras un juicio de 18 sesiones. Según ha estimado el juez, deberán indemnizar, además, a la viuda y los dos hijos de Ardines con 400.000 euros de forma conjunta y solidaria.

Recuerdo al concejal fallecido Javier Ardines.

A Pedro Nieva, el juez le condena por ser el inductor de un delito de asesinato ya definido y cumplirá 22 años de prisión. Por su parte, Jesús Muguruza, es condenado por ser el cooperador necesario de un delito de asesinato ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por otro lado, Djillali Benatia y Maamar Kelii son condenados como coautores de un delito de asesinato ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Los cuatro condenados tendrán también la prohibición de aproximarse a 100 metros de la viuda y los hijos del edil y de comunicarse con ellos durante un plazo máximo de cinco años.

Una investigación compleja

El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Ardines en la pequeña localidad de Belmonte de Pría, en el concejo asturiano de Llanes, el 16 de agosto de 2018, supuso el comienzo de una compleja investigación que se prolongó durante seis meses bajo el más estricto hermetismo y que sacó a la luz una compleja trama de celos y venganza. 

Según el auto de hechos justiciables, Pedro Nieva, casado con Katia Blanco, prima de la mujer de Ardines, descubrió en diciembre de 2017 que su esposa y el concejal mantenían una relación sentimental. Desde ese momento, "con el fin de controlar" a Katia y "ante el temor de que esta tuviera algún otro encuentro sexual con el fallecido", visitó "tiendas online de venta de objetos de videovigilancia encubierta, micrófonos, dispositivos de vigilancia y de seguimiento para vehículos y otras destinadas a la realización de pruebas de ADN para determinar la paternidad". Incapaz de controlar los celos que sentía, en julio de 2018, Nieva "tomó la decisión de acabar con la vida" del concejal.

Para ello, supuestamente, le pidió a Jesús Muguruza que buscase a alguien que pudiera llevar a cabo el asesinato, planteando este el encargo a Djillali Benatia. Una vez acordado el precio, 25.000 euros, el argelino decidió actuar junto a su compatriota Maamar Kelii.

Unos meses después, llevaban a cabo su plan. Javier Ardines salía, dirección al trabajo, por la estrecha carretera de acceso a su casa,  pero se topó con tres vallas de obra que le bloqueaban el paso. Al salir de su vehículo para quitarlas, le asaltaron, tal y como narraban los propios sicarios en el podcast 'A sangre fría', que publicaba El Confidencial. 

Pedro Nieva y su mujer, Katia. 

"Este hombre se acerca con un espray de pimienta y trata de arrojárselo a los ojos. Pero falla. Ardines se protege con una de las vallas a modo de escudo. Pero en cuanto ve aparecer a un segundo sicario con un bate de béisbol, la arroja y huye. Ellos le persiguen hasta que consiguen derribarlo. Le golpean y al final Ardines fallece por asfixia".

Meses después del suceso, Pedro, declarado autor intelectual del crimen, era detenido tras una ardua investigación en la que el análisis de su teléfono móvil resultaba crucial. Los hechos desembocaron en la decisión de este miércoles de la Justicia, que impone una condena de hasta 22 años a los cuatro acusados.