Casi 600 depredadores sexuales han sido identificados cuando intentaban acceder a cargos de profesor y monitor

Todos los ciudadanos que quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.

En 2016 se emitieron 1.985.551 certificados de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual. En 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el 0,03% dieron positivo (unos 1.730).

El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos del Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.

A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.

Cámaras si, cámaras no

El Ministerio fiscal sostiene en su memoria anual de 2018 que "la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas)".

Save the Children y Unicef Comité Español se han mostrado prudentes ante la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores en el entorno educativo, y apuestan por la "reflexión", así como por implementar "más medidas de prevención y menos vigilancia".

"Es necesaria una reflexión profunda con profesionales de varios ámbitos para estudiar la pertinencia de determinadas medidas", ha afirmado Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política de Unicef Comité Español, en referencia al planteamiento de la Fiscalía.

Muchos depredadores sexuales vuelven a intentar acceder a trabajos relacionados con los menores. 

Por su parte, Save the Children ha asegurado que "valora positivamente que la institución ponga el foco en un problema tan grave" como son los delitos sexuales contra menores de edad, pero pide "más medidas de prevención y menos vigilancia".

"Urge que todos los centros tengan protocolos de prevención y gestión ante estos casos de violencia contra la infancia. Es fundamental que el profesorado tenga formación específica para poder detectar y prevenir estos abusos y que a su vez los niños y niñas reciban educación afectivo-sexual en las aulas para que puedan autoprotegerse, como ya sucede en otros países de Europa", ha manifestado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Desde la Comunidad de Madrid también han alertado sobre el uso de cámaras y como esta propuesta podría violar el derecho a la privacidad en los entornos educativos. Ante las voces contrarías al proyecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha señalado que la posibilidad de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores de edad es "una reflexión de futuro más", no una propuesta concreta elaborada por la institución.