La justicia brasileña autoriza la extradición de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha

La Sala Segunda del Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha de 1977, que fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo tras más de 20 años en busca y captura.

La decisión del Supremo sobre García Juliá, condenado en 1980 por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión, se ha tomado por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña, según ha informado en una nota de prensa este último órgano.

Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.

Según la fiscal general, Raquel Dodge, la solicitud de extradición describe adecuadamente los hechos y no fue presentada "con el propósito de hostigar o castigar al extraditado por sus opiniones políticas".

Fugado en 1994

Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.

Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

Carlos García Juliá en el moento de ser detenido

Como relató hace unos días elcierredigital.com desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.

En noviembre de 2018 fue detenido en Brasil. Pesaba sobre él una orden de extradición de la Audiencia Nacional al gobierno de Bolivia porque dos años después de su huida de España Carlos García Juliá fue detenido en este país por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares, Pero García Juliá fue juzgado y condenado en Bolivia a 6 años y 8 meses de prisión, e ingresado en el centro penitenciario de Palmasola, la prisión de los pichicateros (narcotraficantes), una cárcel que parecía una pequeña urbanización, donde entonces mandaba el dinero y los clanes mafiosos.  El ultra se convirtió en el preso número 8981.

Cuando la policía boliviana pidió información a Interpol española, se enteraron de que el detenido estaba en busca y captura porque un juez español había revocado su libertad condicional.

Junto a Blas Piñar en un mitin de Fuerza Nueva. 

En 1998, García Juliá intentó fugarse de aquella prisión por un túnel que él mismo ordenó construir y financió de su bolsillo. Pero su tamaño –había engordado decenas de kilos desde que en los 70 era uno de los guardaespaldas personales de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva– le impidió llegar al exterior. En abril de 1999 dos reporteros de la desaparecida revista Interviú lo encontraron y fotografiaron dentro de la prisión boliviana. El ultra había engordado, llevaba gafas oscuras y su guardaespaldas era un narco boliviano llamado Carlos Noguera, apodado Mil Caras.

La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.

La matanza de Atocha

Los hechos de la terrible jornada del 24 de enero de 1977 sucedieron así: pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entran a cara descubierta en un bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CC OO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Son asesinadas cinco personas.

Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todas ellas vinculadas al Partido Comunista y a CC OO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, en tanto que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.