Denuncian un brote de COVID con 52 positivos entre los internos de la cárcel de Picassent

Alberto Téllez, representante en Valencia de la Unión General de Trabajadores de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP-UGT) expone que durante las ultimas semanas, la Comunidad Valenciana ha presentado una de las tasas más altas del país, dando lugar a una incidencia acumulada a 14 días de 566 casos por 100.000 habitantes.

El Centro Penitenciario de Valencia está sufriendo un brote que está afectando por el momento a un total de 55 internos y 3 trabajadores del propio centro. La propagación podría proceder del regreso de un interno que estaba de permiso.

Centro Penitenciario de Picassent, Comunidad Valenciana.

Por esta razón, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana se ha promovido el comunicado de prohibir las visitas a los pacientes que permanezcan ingresados en los hospitales, exceptuando los casos de necesidad, como son las personas terminales o los dependientes menores.

La situación hace necesaria la posibilidad de una nueva adopción de restricciones en cuanto a entradas y salidas del respectivo centro, ya sea a nivel de internos o a nivel del personal que no pertenece a la plantilla trabajadora del centro.

Hay internos que regresan de permiso, y entre ellos alguno es positivo, aunque la mayoría sean asintomáticos. A pesar de ello, están provocando que los módulos destinados a albergarlos estén saturados, por lo que próximamente habrá que habilitar otros nuevos, lo que resulta un tanto complicado debido al déficit de personal y de materiales que está sufriendo el centro en estos momentos.

Estas circunstancias hacen que la atención sanitaria dentro del centro sufra ciertas deficiencias, empezando por las carencias que también está sufriendo esta área, por lo que es prácticamente inasumible el hecho de mantener al centro bajo una presión por el aumento de número de positivos, de contactos y de cuarentenas.

Ahora el trabajo que tiene por delante el sindicato es la solicitud de suspensión de los permisos de salida del centro, ya que cada interno puede estar en contacto con diferentes grupos y volver siendo positivo.

Todo esto asume un proceso de gran interacción con los vigilantes del centro, la toma de los datos personales, la espera de los visitantes, las aglomeraciones en espacios que no siempre se encuentran ventilados y en los que se hace difícil y complicado respetar las distancias de seguridad necesarias.

También se hace hincapié en el poco sentido que parece tener la decisión de no poder visitar a un familiar que se encuentra ingresado en un hospital, pero que sí se permita la visita a un familiar a un centro penitenciario, pese a que se hayan habilitado otros métodos de contacto, como es el caso de las videollamadas.

Lo que pide el sindicato

Prácticamente "la suspensión de las comunicaciones orales hasta que las tasas de incidencia alcanzadas se consideren aceptables, de modo que sería algo de forma temporal", explica la denuncia de ACAIP-UGT.

El hecho de que haya muchas personas que no pertenezcan al ámbito del centro penitenciario pone en duda la adaptación que ha tenido la ciudadanía a la situación de crisis sanitaria que actualmente estamos viviendo, lo que añade riesgos ya no solo a los internos, sino también a los propios trabajadores.

Es por eso que, se solicita una limitación en las entradas de las personas que no pertenezcan a la plantilla mientras se siga manteniendo la situación actual.

De la misma forma y siguiendo por esta línea, por la misma razón que se ha pedido esto último, se pide también desde la Dirección del Centro la paralización de los traslados de los internos, así como los pases a tercer grado, hasta que sea posible garantizar que no se está exportando a otro centro de inserción social o penitenciario.

La inmediatez de las medidas ayudará a que la situación mejore cuanto antes, y evitará afrontar otras situaciones no tan posibles de controlar.

52 presos y 3 funcionarios afectados

El número de presos contagiados en Picassent es de 52 ya, pero el COVID también ha afectado a 3 funcionarios.

Desde ACAIP-UGT se dio a conocer el pasado día 8 de enero el brote que estaba afectando al centro, momento en el cual 52 de los internos habían dado positivo tras hacerse las pruebas.

Se decidió denunciar a través del sindicato la situación, ya que por otras vías era imposible porque nadie parecía querer hacerse cargo de dichas pruebas hacia los demás internos con los que habían estado en contacto los funcionarios.

Gracias a esta denuncia y a diversas gestiones que realizó el Centro Penitenciario ante las autoridades de la salud pública, se consiguieron realizar las pruebas a un total de 11 trabajadores del mismo centro, de los cuales 3 fueron confirmados como positivos, a falta de una trabajadora a la que se le realizó la prueba a última hora.

De modo que se tacha de negligente a la empresa contratada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (ASPY), puesto que aseguran que no ha realizado ningún rastreo de cualquier posible contacto laboral, además de haber intentado echar la culpa a los propios funcionarios del Centro.

Todo esto lleva a la petición de rescindir el contrato con la empresa, ya que, de haber hecho caso a sus indicaciones, el número de afectados sería aún mayor. Actualmente la cifra de afectados asciende a un total de 55 personas.

Tras la reunión del Comité de Seguridad y Salud laboral del Centro Penitenciario, se facilitó la información que el sindicato había pedido y se analizaron las cuestiones, pero solo se aceptó la de suspender los permisos de salida de los internos.

Teniendo esto en cuenta, se ha solicitado un trámite administrativo para que se pueda reconocer como accidente de acto de servicio el contagio de han sufrido los compañeros.