Una demanda de paternidad se retrasa siete años al exhumar por error los huesos de una mujer

Una causa judicial relativamente sencilla podría alargarse casi una década por culpa de un cadáver que no que aparece. Un hombre de Sevilla lleva siete años involucrado en un juicio para demostrar su filiación para lo que es preciso realizar la pertinente prueba de ADN. El supuesto padre del demandante está muerto e incomprensiblemente no se han localizado los restos mortales.

El Instituto Nacional de Toxicología exigía una prueba comparativa del ADN del demandante con su supuesta familia biológica para determinar la relación filial. Ante la negativa de los familiares vivos se ordenó la exhumación del cadáver del supuesto padre para tomar las muestras de ADN.

El Instituto Nacional de Toxicología se llevó una sorpresa cuando, después de cinco años de espera, a sus dependencias llegaron ni más ni manos unos restos óseos… de mujer. Como es lógico emitieron un dictamen en que aseguraban que esos restos no podían pertenecer al supuesto padre. El Instituto Nacional de Toxicología informó en su dictamen que los restos óseos remitidos, como es lógico, no podían corresponder al presunto padre. 

Evidentemente hubo un error en la extracción de muestras que se practicó en el cementerio de Morón de la Frontera (Sevilla), donde está enterrado el supuesto padre del demandado.   

Tratándose de un error ajeno al demandante se solicitó de nuevo la exhumación del cadáver para extraer del mismo las muestras de precisas para la realización de la prueba pericial de averiguación de paternidad, y su posterior remisión al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense. Con carácter previo a dicha actuación, se pidió que operarios del Campo Santo de Morón de la Frontera (Sevilla) localizaran con exactitud el lugar de la sepultura donde yacen los restos del supuesto padre. Sin embargo, el caso llegó a estar paralizado de facto.

Cadena del ADN. 

En cada trámite, por pequeño que sea, que se da en el juicio en cuestión, transcurren seis meses o más, y muchos de ellos están llenos de imprecisiones. A este ritmo, se calcula que el proceso que empezó en 2013 puede terminar en el año 2023. Un asunto que acaba provocando daño tanto al denunciante como a la familia del demandado. Ambos creen estar en posesión de la verdad y ésta, que debe ser descubierta sede judicial, se alarga perjudicando a todos.