Muere Javier Biosca, el bróker imputado por una estafa piramidal de 818 millones en criptomonedas

Javier Biosca, implicado en una presunta estafa 818 millones de euros en criptomonedas a través de la empresa Algorithms Group, ha fallecido. La noticia ha llegado —a través de la defensa del propio Biosca— a oídos de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, presidida por la abogada Emilia Zaballos, que han remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción nº1 de Madrid en el que solicitan, entre otras cosas, un “certificado médico que acredite esta defunción”.

Según este escrito —al que ha tenido acceso elcierredigital.com—, Javier Biosca “se habría suicidado en la localidad de Estepona, arrojándose desde un quinto piso, en presencia de varios testigos que le han relatado supuestamente los hechos como han sucedido a su abogado”. Biosca se encontraba en libertad provisional desde hacía tres semanas tras abonar un millón de euros de fianza en la Audiencia Nacional.

Desde la Asociación recalcan una serie de puntos por los que solicitan que se investiguen “los hechos de la muerte” y “la identidad de la persona fallecida y la causa de su fallecimiento”, así como que “se prohíba cualquier incineración del cadáver hasta que se haga la autopsia”.

Entre estos puntos, se indica que Biosca habría recibido “un cúmulo de amenazas provenientes de organizaciones criminales que habrían invertido en él” y también el “perfil tranquilo y a la vez cobarde del Sr. Biosca”. Esta última apreciación hace que los abogados defensores de sus víctimas se cuestionen “hasta qué punto ha sido un suicidio” y “hasta qué punto se podría haber podido evitar si es que es real”.

Reingreso en prisión de Javier Biosca

El pasado mes de julio, desde elcierredigital.com informábamos sobre el reingreso en prisión provisional de Biosca tras haberla abandonado el 29 de junio después de haber depositado una fianza de un millón de euros exigida por el juez para salir de prisión provisional.

El motivo de su reingreso fueron las declaraciones del fiador personal de Biosca, Ignacio Pérez Hidalgo, que puso de manifiesto que intentó ponerse en contacto con Biosca y que le había sido totalmente imposible, ya que tenía el teléfono apagado. Además, comprobó que en el domicilio designado tras su puesta en libertad no había nadie desde hacía más de veinte días y que, según los vecinos, en esa fecha hubo “un traslado de muebles”.

Javier Biosca detenido.

Tal y como informamos, Pérez Hidalgo le solicitó al magistrado la devolución de la fianza que puso para sacar a Biosca de prisión. El fiador acreditó que esta procedía de dos préstamos bancarios que no fueron reintegrados ni cancelados por Biosca, a pesar de haberse comprometido a hacerlo.

El inicio de la estafa de criptomonedas de Biosca

Javier Biosca comenzó en el año 2019 un negocio con el que compraba y vendía criptomonedas analizando el mercado financiero con la ayuda de un programa. Aunque al principio el negocio iba bien y devolvía cierta rentabilidad a sus clientes —tenía un porcentaje de éxito de un 80 por ciento en estas adquisiciones y ventas—, en noviembre de 2020 dejó de pagarles.

Un año después, en abril de 2021, Javier Biosca, su esposa, Paloma Gallardo Leal, y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo recibieron una querella por parte de 300 afectados por la presunta estafa de, entonces, 280 millones de euros en criptomonedas. Además de eso, la familia fue acusada de delitos de apropiación indebida, recepción y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.

Los afectados de la estafa, según confirmaba la abogada defensora Emilia Zaballos a elcierredigital.com, “son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Javier Biosca y su esposa, Paloma Gallardo Leal.

Actualmente, y según cifras de la Asociación de Afectados por Criptomonedas, los perjudicados por Biosca y otros brókers fraudulentos ascenderían a más de 3.500 con más de 900 millones de euros estafados en más de quince países.