España extradita a Eslovaquia a un ciudadano por difundir información de su expresidente

La Sección 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Eslovaquia de Tomas Rajecky para que sea juzgado por, presuntamente, difundir en 2017 información fiscal de una empresa del que entonces era el presidente del país, Andrej Kiska, al descartar que haya una motivación política detrás de la petición cursada por las autoridades eslovacas.

Desde Eslovaquia se había emitido Orden Europea de Detención y Entrega por el delito de cohecho (violación del secreto comercial, bancario y postal de telecomunicaciones) para enjuiciamiento" y en virtud de esto el Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó el pasado 13 de octubre enviarlo a Bratislava para que sea juzgado. 

Sin embargo, su defensa recurrió alegando que la decisión judicial carecía de motivación suficiente, que los hechos estaban prescritos y no están castigados en el ordenamiento jurídico español y que, si finalmente es entregado, las condiciones de detención vulnerarán sus derechos fundamentales.

Andrej Kiska, expresidente de Eslovaquia. 

Según los cargos que pesan contra él, en 2017 Rajecky "se valió de persona sin identificar que Ie proporcionó documentación personal de signo tributario sobre la empresa KTAG, propiedad del presidente de la Republica Eslovaca, Andrej Kishka, la escaneo, elevó a varios correos electrónicos anónimos y la remitió por ordenador en septiembre de 2017 a varios empleados y medios de comunicación, exponiendo a terceros no destinatarios los resultados y averiguaciones de controles fiscales de la entidad, sujetos a secreto fiscal".

"Un Presidente de la Republica no conlleva relación de politización que pueda inferir riesgo de concreta posible vulneración del derecho a la integridad física o mental del reclamado o de que su detención sea arbitraria o caprichosa", alega la Audiencia Nacional para desestimar el recurso presentado pro Rajecky. 

Además, la Audiencia Nacional recuerda que el presunto comportamiento de Rajecky "no puede ampararse en la libertad de expresión" porque "la antijuridicidad del tipo se funda más en la manera de conseguir la información y en la manera de revelarla subrepticia y anónimamente, afectando a datos especialmente protegidos y a la capacidad competitiva de las empresas, que en sí se revela".

Por ello, explican, "el hecho de ser la víctima del delito reclamado indirectamente un presidente de la república no conlleva relación de politización que pueda inferir riesgo de concreta posible vulneración del derecho a la integridad física o mental del reclamado, o de que su detención sea arbitraria o caprichosa, haciendo inaplicable la doctrina alegada de posible politización".

Contestan igualmente a las alegaciones contra la Justicia eslovaca, apuntando que, de acuerdo con Eurojust, en ese país la Orden Europea de Extradición las emiten los jueces, que son independientes del Poder Ejecutivo, "no estando expuestos al riesgo de recibir indicaciones o instrucciones" del mismo. Y, en cualquier caso, sus decisiones "son siempre revisables ante un tribunal", añaden.