Ignacio Velázquez, expresidente de Melilla y condenado por prevaricación, colocado por el PP en la Junta de Andalucía

La sentencia por el caso de los ERE ha supuesto un revés al PSOE andaluz y está marcando la agenda política en la comunidad. Los expresidentes del gobierno autonómico de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados por la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Junta entre los años 2001 y 2010.

Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y Griñán a 6 años y 2 días de prisión, y 15 años inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y malversación. Una sentencia histórica que va a costar digerir a Susana Díaz, la secretaria general de los socialistas en Andalucía.

Mientras, el actual gobierno de la Junta formado por PP y Ciudadanos, con la ayuda imprescindible de Vox, saca pecho de su gestión y recrimina al PSOE sus 36 años de gobierno y los estragos del caso ERE. Sin embargo, no hace muchos meses que desde la Junta de Andalucía se decidió nombrar a Ignacio Velázquez Rivera,  el que fuera presidente de Melilla e inhabilitado hasta 2017 por prevaricación, como Coordinador del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor.

Así consta en el BOE del 17 de julio de este año, donde se establece el cese de Encarnación Cuéllar Obispo para nombrar en este puesto al antiguo presidente del Partido Popular de Melilla. Esta designación no comporta retribuciones específicas, siendo éstas las correspondientes a su puesto de origen, es decir coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de Guadix.

Pero el nombramiento de Velázquez no está carente de polémica debido a su pasado político marcado por las sentencias judiciales, algo que los más críticos dentro del gobierno andaluz no ven con buenos ojos.

Doble condenado por prevaricación

Ignacio Velázquez cuenta con 30 años de experiencia ocupando puestos de responsabilidad en centros médicos y hospitalarios, pero en el caso de la política sus problemas judiciales empañan de alguna manera el hecho de que ocupe puestos de relevancia pública.

El que fuera presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla desde 1991 a 1998 fue condenado en dos ocasiones por prevaricación, lo que le supuso una inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público. La primera sentencia le llegó por convocar en 1992 un pleno urgente, por la noche, cuando una diputada del PSOE se encontraba en Andorra, evitando así que la moción de censura en su contra prosperara.

Fue condenado a seis años de inhabilitación en 1999 y más tarde fue sentenciado nuevamente por prevaricación al impedir el voto al tránsfuga del PP Enrique Palacios en otra moción de censura en su contra que tuvo lugar en 1997. Recurrió, pero en 2013 el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ratificó la condena y su inhabilitación hasta el 2017.

Velázquez intentó presentarse a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011 como candidato a la Presidencia de Melilla por el PPL (Populares en Libertad), que fundó en 2011 tras darse baja del PP, pero se lo impidieron las dos sentencias que pesaban sobre él por dos de condenas de inhabilitación. 

Velázquez recurrió entonces al Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla para aclarar su condena y aunque le negaba ir como número uno de la lista del PPL, sí accedía a que pudiera ir en cualquier otro puesto de la candidatura. Sin embargo, poco después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo primero y luego la Audiencia Provincial de Málaga le recordaron que no podía presentarse de ninguna de las maneras porque no puede ejercer como cargo público.

También el Tribunal Constitucional, instancia superior a la que recurrió Velázquez, rechazó los argumentos del expresidente melillense. Su última opción fue pedir el indulto del Gobierno de Zapatero, pero el Ejecutivo rechazó concederle el perdón a sus penas que le inhabilitaron para ejercer como cargo público por un periodo de 15 años.