El fiscal decano de Talavera intenta a la desesperada salvar el derribo de su chalet ilegal en el cauce de un arroyo del Tajo

Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de la Sección de Talavera de la Reina, ha hecho un último intento a la desesperada, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), para impedir el derribo del chalet que posee en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de la ciudad en la que trabaja. Para ello, ha presentando un escrito en el que solicita la legalización de la construcción y con el que reconoce la ilegalidad de la edificación.

El chalet invade el cauce del Arroyo de la Fuente en la localidad toledana de Pepino.

La orden de derribo la emitió en firme en julio pasado el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCLM). Dos meses después, el 10 de septiembre,  la esposa del fiscal y copropietaria, María García García presentaba el mencionado último escrito de solicitud  ante la CHT. En consecuencia, el organismo oficial ha abierto el expediente preceptivo que ha  paralizado el derribo del chalet hasta su resolución.

La Confederación Hidrográfica del Tajo también fue informada en julio pasado por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCLM) de la mencionada sentencia firme  por la que  desestimaban el anterior recurso interpuesto por la esposa del fiscal decano, confirmando la orden de derribo del chalet.

La sentencia  se había convertido en firme 7 días antes, el 15 de julio, al haber renunciado el fiscal decano y su esposa a recurrirlo ante el Tribunal Supremo ante la certeza de que sería confirmada.

El origen de dicho fallo fue el recurso contencioso-administrativo que María García García interpuso ante el TSJCLM tanto contra la resolución de la CHT de 6 de marzo de 2009 como el requerimiento de cumplimiento de demolición de 31 de octubre de 2017.  Tras conocer el desenlace de la sentencia, la Confederación Hidrográfica del Tajo remitió un oficio, el 30 de julio, a María García García, dándole un plazo de 30 días para que repusiera las cosas “a su estado anterior”, de acuerdo “con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas , salvo que sean legalizadas las obras autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”. O lo que es lo mismo, la CHT le dio 30 días para que demoliera el chalet voluntariamente.

El fiscal ha intentado por todos los medios salvar su chalet de 400 metros cuadrados del derribo aunque es ilegal. 

La denuncia original del caso es la de Ecologistas en Acción, quienes en 2017 presentaron su informe en el que declaraban que “Por su ubicación, la vivienda de la parcela número 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación”.  En dicho informe se especifica, de forma muy clara, que el chalet «se encuentra construido sobre el margen izquierdo del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y a una distancia no superior a los 3 metros de los límites del citado margen».

El grupo ecologista insiste en que el chalet de más de 400 m2 del Fiscal ocupa el cauce fluvial del Arroyo de la Fuente en la localidad toledana de Pepino. Ángel de la Cruz Andrade había sido denunciado por un "pelotazo urbanístico" también por el Juez Decano de Talavera de la Reina, según informaciones de hace dos años.

El último intento

Frente a esa orden final, la mujer interpuso el último escrito ante la CHT, el 10 de septiembre, pasado, diez días después de que prescribiera el plazo para llevar a cabo la orden de demolición, solicitando la legalización de la vivienda. El problema que presenta una posible autorización es que parte del chalet está construido dentro de la zona de servidumbre –los cinco metros que distan desde el cauce del arroyo– y el resto en la zona de policía –100 metros desde el mismo cauce–.   Pero según consta en los informes de la CHT, el chalet invadiría incluso más metros de la zona de servidumbre aproximándose más al cauce. El artículo 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, dice que en los márgenes de los cauces, sin la previa autorización, solo “podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter provisional”.

Es decir, cualquier construcción que se halle en la zona de servidumbre hay que demolerla, por ilegal.  Y en lo relativo al resto de esta construcción, también. Porque el plazo de quince días de que disponían para solicitarlo, prescribió en 2009, hace 19 años.