Cinco residencias de ancianos en Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real, bajo la lupa de la Fiscalía de Castilla-La Mancha

La Fiscalía de Castilla-La Mancha tiene actualmente abiertas cinco diligencias de investigación penal a otra tantas residencias de ancianos por las muertes relacionadas al coronavirus. Las zonas donde se encuentran estas residencias han sido confirmadas por la propia Fiscalía, aunque para preservar el carácter secreto de la investigación no se ha revelado el nombre de las mismas, son Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real.

Aunque los delitos cometidos por los cuales se está investigando a estas residencias no han sido revelados, fuentes fiscales consultadas por la agencia Europa Press señalan que pueden tratarse de cargos por homicidio imprudente, abandono o maltrato. La información oficial explica que se han realizado informes de seguimiento en materia civil en relación a procedimientos de protección de derechos fundamentales.

Las diligencias se han abierto por los sucesos acontecidos en las residencias durante el estado de alarma, desde el 14 de marzo. La Fiscalía ha tenido conocimiento de estos hechos por diversas fuentes y dada la gravedad de los mismos se ha procedido a abrir una investigación con el objetivo de aclarar las circunstancias en cada caso individual. Cabe aclarar que no todas las denuncias son en contra de los gestores o responsables de estas residencias.

Sede de la Fiscalía en Albacete.

No obstante, la comunidad de Castilla-La Mancha no es la única con denuncias de este tipo, puesto que también se han abierto investigaciones en otras comunidades autónomas. A lo largo de toda España están bajo investigación 38 residencias de ancianos, contando las cinco de Castilla La Mancha, producto de la situación que se vive durante el confinamiento producto de la propagación del coronavirus. La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra actualmente investigando 19 casos solo en Madrid a los que le siguen 7 en Cataluña, 2 en Castilla y León, 2 en Murcia, uno en Canarias, otro en Valencia y en Cantabria.

Las notas oficiales aseguran que “no es una foto fija” porque los datos varían ya que la red de fiscales realiza un seguimiento de las personas residentes que requieren de atención particular, individual o colectivamente “en amparo de sus derechos”.