18 de octubre de 2019
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FIN DE SEMANA

La Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, el volumen de causas que sigue el sistema judicial aumenta en miles cada año

El sistema judicial español es ineficiente y está saturado debido a una excesiva burocratización

Esta semana la Fiscalía General del Estado ha presentado su Memoria Anual 2018 en la que ha criticado duramente al sistema judicial español. El "nivel de burocratización ineficiente" provoca que cada año queden casos pendientes de resolver. El informe esta basado en los plazos de resolución y las cifras de suspensión de juicios, que según la Fiscal General del Estado "evidencian la incapacidad de la estructura organizativa" para gestionar eficazmente el volumen de trabajo.

Las críticas han llegado a través del texto de Memoria presentado esta semana con motivo de la apertura del Año Judicial. La Fiscal General del Estado, María José Segarra, evidenció las fallas de un sistema lento y costoso que no logra la eficacia que muestran en otros países. Según Segarra, en 2018 quedaron sin resolver 568.437 casos en proceso judicial. Un aumento de las cifras con respecto al año anterior que registraron 566.530 sin resolver. Es decir, son casi 2.000 los casos pendientes que han aumentado en solo un año. 

Ademas, un 32% de los  juicios celebrados en los Juzgados de lo Penal se han suspendido  y un 28% en las Audiencias Provinciales. Por todo esto, la Fiscalía afirma que la nueva normativa no consigue aligerar el trabajo que asumen los órganos judiciales y apuesta por “una trasformación del modelo procesal penal vigente en España”.  Existe, según Segarra, "una incapacidad de la estructura organizativa para gestionar un volumen de asuntos menor como consecuencia de la reforma del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Tampoco los tiempos de respuesta entre la incoación y la remisión para la acusación (218 días en un procedimiento abreviado), o entre la acusación y el primer señalamiento para juicio oral (469 días en el mismo tipo de procedimiento) "no han mejorado sustancialmente con respecto a los años anteriores".

Otra señal que alarma a la Fiscalía son las cifras sobre suspensión de juicios que fueron del 32% en los Juzgados de lo Penal y del 28 % en las Audiencias Provinciales, con valores "que siguen subiendo año tras año, en torno al cinco por ciento en los últimos cuatro ejercicios".

La Fiscalía General destaca la necesidad de "una profunda transformación del modelo procesal penal vigente en España", por lo que ve necesaria la elaboración de una nueva Ley Procesal Penal que equipare el sistema español al de “otros países del entorno”.

La fiscal en su discurso de Memoria 2018.

Según la institución, para conseguir lo anterior es oportuno que se "atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, cree un Juez de garantías y otro de juicio de la acusación que dispongan sobre los derechos fundamentales de los investigados y revisen las pretensiones acusatorias".

Otro factor preocupante en la Memoria de la Fiscalía General del Estado son  los altos casos de delitos contra la vida y la integridad física que no se solucionan en un solo trámite (36%). Los delitos contra la libertad sexual fueron 1.345, siendo 404 por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales. 

Aumentan las investigaciones

En cuanto a las investigaciones, se iniciaron 14.906 diligencias el año pasado, un 3,24 % más. Esta cifra contrasta con las realizadas en 2017, que fueron un 1,84% más baja; y se formularon 268.020 escritos de acusación, un 2,17 por ciento más que en el periodo anterior, que en casi la mitad de los casos (48,79%) eran para juicios rápidos. De hecho, este tipo de procedimientos aglutinaron el 66,88 % de las diligencias urgentes incoadas y en ocho de cada diez casos, se resolvieron mediante conformidad en el mismo Juzgado de Guardia.

Respecto a los juicios, en 2018 los fiscales asistieron a 332.919 ante la jurisdicción penal y el 50,92% fueron por delitos leves. "Estas cifras permiten hacerse una idea de la cantidad de tiempo y esfuerzo invertidos en la persecución de infracciones penales leves que, además, finalizan con sentencias absolutorias en el 38% de los casos", dice la Fiscalía, que atribuye el resultado a razones como "las deficiencias en el material probatorio derivadas de la inexistencia de investigación previa".

Así, frente a los 163.376 juicios por delito celebrados, en el año 2018 se dictaron un total de 159.552 sentencias en Juzgados de lo Penal que en un 70% de los casos, daban la razón a la Fiscalía. Además, del total de sentencias condenatorias, un 62% fueron de estricta conformidad.

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