08 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

Los funcionarios han presentado un recurso contra esta decisión que califican de "antidemocrática"

Se recrudece la guerra entre los Sindicatos de Prisiones y el Gobierno: Instituciones Penitenciarias considera ilegal la huelga de noviembre

La guerra entre los Sindicatos de Trabajadores de Prisiones y el Ministerio de Interior da un paso más. Ayer, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz firmó una resolución por la que declara que los días de huelga del 10, 11, 12 y 13 de noviembre son ilegales. Una decisión a la que se oponen las asociaciones de trabajadores que han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

La resolución firmada por Ortiz indica que no se han cumplido los plazos de diez días naturales de antelación, justificándolo en que recibieron en el registro a las 8:43 horas del día 2 de noviembre, como si se tratase de una huelga nueva y no un cambio de días en una huelga ya iniciada, como han enunciado reiteradamente los sindicatos. 

Los Sindicatos han presentado un recurso al Tribunal Superior de Justicia.  Fuentes cercanas aseguran a "El Cierre Digital" que de haber una resolución negativa propondrán "otras fechas para la huelga". 

Angel Luis Ortiz, secretario General de Instituciones Penitenciarias (Agencia)

Desde Sindicatos califican esta postura como: “Una broma de muy mal gusto que una persona que es Juez pueda decir una barbaridad de este calibre. Además, para seguir con la ceremonia de la confusión también circula por los centros un documento sin membretes por el que notifican que la huelga es ilegal, pero por si acaso, nombran servicios mínimos. No solo es increíble, es impresentable”.

También ven en eso los convocantes un reflejo de la preocupación de la Administración por la huelga y su seguimiento y que se habría acertado totalmente al juntar los días de su realización en las jornadas del 10, 11, 12 y 13 de noviembre.

La plataforma sindical no va a consentir este atropello y el mismo lunes se personaron en los Juzgados para solucionar esta situación que califican de “antisindical” por parte de la Administración Penitenciaria “no sólo desde un punto de vista administrativo o laboral, sino también penal por si se ha producido una prevaricación al dictar esta resolución, un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, o un delito contra los derechos de los trabajadores”.

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