Un colectivo de hijos no reconocidos pide al Defensor del Pueblo que los auxilie en la obtención de ADN por detectives

Un colectivo de hijos no reconocidos ha hecho llegar un escrito al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidiéndole ayuda en la obtención de las necesarias pruebas de ADN. Este colectivo cuenta con la ayuda del abogado Fernando Osuna, todo un maestro en la materia que ha llevado la defensa de muchos hijos no reconocidos con gran éxito y actualmente se encarga de muchos casos. Algunos de ellos tan mediáticos como Julio Iglesias o Bigote Arrocet.

“No me dirijo a usted para lanzar un alegato panfletario sobre el reparto de la riqueza, sino que le pido sinceramente que valore un problema cierto que ocurre cada día en el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la Justicia que creemos no resulta acorde con los postulados constitucionales, y que rara vez tiene visibilizarían” interpela Osuna en su misiva al Defensor del Pueblo.

Las dificultades que presentan estas personas a la hora de defender su situación viene dada porque el procedimiento especial de determinación judicial de la filiación nuestro Código Civil exige el llamado “principio de prueba”: esto es, una prueba mínima de veracidad de la paternidad que se aduce en la demanda.

En la práctica profesional habitual, se contrata a un detective privado para obtener un desecho del pretendido padre con su ADN, y el mismo se remite a laboratorios forenses para su cotejo con el ADN del hijo. Todas las demandas que se presentan con una prueba de estas características son admitidas a trámite, mientras que otro tipo de pruebas (una carta manuscrita, llamadas telefónicas, testigos, y otras pruebas indirectas) son vistas con sumo recelo y a veces excesiva cautela en los Tribunales, llegándose a veces incluso a inadmitirse las mismas sin valoración del fondo del asunto.

Javier Santos, 

Por ese justo motivo es tan importante, aseguran, hacerse con una prueba de estas características como requisito de admisibilidad de la misma. “La obtención de estas pruebas para clientes de economía humilde se vuelve absolutamente imposible a causa de que no pueden pagar los honorarios de los detectives, desistiendo en muchos casos de su pretensión” recuerda Osuna en su texto.

La filiación, además de los efectos jurídicos que desencadenan, tiene un trasfondo psicológico que supera con creces cualquier derecho a herencia que pudieran conseguir. Estas personas, por increíble que parezca, con el reconocimiento sanan la terrible angustia vital que supone haber nacido sin un padre conocido, o entran en shock cuando descubren que ha tenido por supuesto padre a un desconocido

Recuerda también el abogado sevillano que “Nuestra Ley de Justicia Gratuita, en su exposición de motivos, explicita que su existencia se justifica para beneficiar a todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica, siendo por tanto su finalidad garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos. Por otra parte, hace referencia expresa a que su ámbito de aplicación abarca, entre otros, la intervención de cualesquiera otros profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias, especialmente interesante si tenemos en cuenta que la labor del detective o del laboratorio encaja perfectamente en dicha definición”.

Aunque el coste de un análisis genético privado de paternidad puede costar entre 400 y 900 €, y unos 600 € en las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, los detectives además tienen unos honorarios inasumibles por personas de economía humilde. ¿Puede el hijo demandante obtener por sí las pruebas? Tampoco según nuestra legislación.

Alexis Ledgard, supuesto hijo de Bigote Arrocet. 

Conforme al Tribunal Supremo, precisamente dice que, en los pleitos de filiación, los encargados de obtener pruebas biológicas de desechos y quienes pueden ser actores en la cadena de custodia son únicamente los detectives, profesionales cualificados y sometidos a las más duras penas de prisión e inhabilitación si quebrantan su juramento.

Por esto es, que en la mayoría de casos no se tienen pruebas suficientes para admitir la demanda, pues en el mismo instante del nacimiento o poco tiempo después el supuesto padre se desentiende del hijo en cuanto a las responsabilidades que genera la filiación. La crianza del niño se lleva a cabo por la madre y su familia, incluso por el propio marido de la madre que lleva el papel de padre putativo y hasta le concede sus apellidos, mediante el reconocimiento de complacencia. En definitiva, nos estamos refiriendo a una grave afectación del derecho de acceso a prueba, y no a la tutela judicial efectiva genéricamente considerada. Mientras que un padre pudiente también se puede permitir un contrainforme de ADN, o el dictamen de genetistas de prestigio quitando eficacia científica a golpe de talonario - el padre está en su derecho - el hijo extramatrimonial no tiene más que la prueba social - testigos, que son habitualmente rechazados como prueba o mirados con recelo - y, con un poco de suerte, algún documento manuscrito e ilegible donde indirectamente se hable de él como hijo de su padre.  

“Conociendo la excelente labor que realiza su Institución, les solicito su auxilio para investigar la legalidad constitucional de una Ley que desampara al ciudadano en la obtención de pruebas básicas para tutelar sus intereses. Pruebas utilizadas no únicamente para la defensa de un interés personal o psicológico, sino que ello va más allá al proyectarse la exactitud y la verdad material sobre la filiación de las personas, conceptos especialmente imbuidos en el orden público. Le agradezco encarecidamente la atención, y quedo muy atento de su respuesta”, culmina Osuna.