21 de mayo de 2019
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FIN DE SEMANA

Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador, la situación para el fundador de Wikileaks ha empeorado

El caso Assange vuelve a la actualidad: el hacker ve peligrar su futuro en la Embajada ecuatoriana en Londres

Varios diplomáticos y miembros del personal de la Embajada ecuatoriana en Londres han declarado ante funcionarios de la Justicia de EEUU en relación a unas supuestas reuniones entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el exjefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort.

Si bien, tanto Assange como su entorno niegan dichos encuentros, el periódico británico The Guardian detalló a finales del año pasado varias  

reuniones entre el hacker australiano y Paul Manafort, uno de los asesores principales de Donald Trump, que habrían tenido lugar en la legación diplomática ecuatoriana en Londres, donde Assange vive “encerrado” y protegido por el Gobierno de Quito desde que hace seis años solicitara asilo político para evitar su extradicción a Suecia. El país escandinavo le reclamaba por un presunto caso de abuso sexual que finalmente quedó archivado. EEUU solicitó también su extradicción   tras haber publicado miles de documentos reservados de Washington. 

Las reuniones que relata The Guardian entre Assange y Manafort, habrían sido tres, celebradas en Londres en 2013, 2015 y 2016. Este último año es clave para los investigadores del equipo de Robert Mueller, el fiscal especial que está investigando una supuesta conspiración entre la campaña de Trump y Rusia. Clave porque, supuestamente, tras ese último encuentro, Wikileaks habría publicado correos electrónicos que perjudicaron al partido Demócrata de EEUU y a su candidata a la presidencia del país y rival de Trump, Hilary Clinton.

Un policía británico custodia la fachada de la Embajada de Ecuador en Londrés, donde permanece protegido Julian Assange 

Tanto  Assange como  Manafort han negado haberse reunido en la embajada ecuatoriana, mientras WikiLeaks ha publicado recientemente una declaración, titulada el “interrogatorio de diplomáticos ecuatorianos”, en la que acusa al Gobierno de Quito de estar ayudando a Estados Unidos para procesar a Assange.

Manafort, por su parte, está a la espera de sentencia tras haberse declarado culpable de conspiración contra Estados Unidos y haber llegado a un acuerdo con el fiscal especial, Robert Mueller, para cooperar en la investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible confabulación con la campaña de Trump.

Este acuerdo entre Manafort y el fiscal estadounidense junto con el acercamiento del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, dibujan un horizonte todavía más complicado para Julian Assange.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno

Prueba de ello es el deterioro creciente y público en la relación entre el australiano y el presidente Moreno, quien no tuvo reparo hace unos meses en “invitar” a Assange a abandonar la legación diplomática. El jefe del Gobierno ecuatoriano ha reconocido que le disgusta la presencia del australiano, quien goza de la nacionalidad ecuatoriana desde 2017, en su embajada y ha dicho que hay condiciones para que salga si así lo decide. Todo lo contrario a la situación distendida y amigable que le unía al anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien le protegió de la Justicia de EEUU sin dudar.   

No puede salir a la calle porque puede ser detenido y extraditado

Assange vive encerrado en la Embajada con dos policías que custodian la puerta de su piso y la entrada principal. Pero su entorno afirma a los medios que se siente menos seguro ahora al tiempo que confirman la existencia de continuas discusiones dentro de la embajada entre quienes apoyan su permanencia y quienes abogan por deshacerse de él.

Incluso, el presidente Moreno le ha hecho firmar un contrato de convivencia en el que se  comprometía a no hacer pronunciamientos sobre asuntos de política interna de otros países. Ante su incumplimiento, durante la crisis secesionista catalana, Moreno decidió incomunicar al hacker y negarle el acceso a Internet. Además,  le obligó a pagar sus gastos de manutención, a someterse a exámenes médicos trimestrales y a que sus visitas sean autorizadas previamente, a cambio de recuperar la conexión a la Red. Assange protestó por el nuevo régimen porque, según denunció, vulneraba sus derechos humanos y porque, indirectamente, forzaba su salida de la embajada. Si no cumplía con las condiciones, Ecuador podría retirarle el asilo.

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