Critican que Mossos y Ertzaintza lideren la lucha antiterrorista, "que es seguridad del Estado"

Por primera vez, en el nuevo Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que fue aprobado y presentado ayer por el ministerio del Interior y que sustituye al de 2015, se recoge que los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza liderarán las investigaciones cuando un atentado se produzca en su territorio. Sectores de la Policía y la Guardia Civil no han tardado en mostrar su malestar por lo que consideran una cesión al nacionalismo.

El ministro Fernando Grande-Marlaska, que dio a conocer las principales líneas del plan, explicó que “la primera responsabilidad tras un atentado será del cuerpo de seguridad, estatal o autonómico que tenga asignada la demarcación donde se produzca”.

“La seguridad de los ciudadanos en un tema tan relevante como es el terrorismo no puede depender de la influencia que ejerzan sobre el Gobierno sus socios nacionalistas e independentistas. No es lo más acertado, sin menosprecio alguno hacia otros cuerpos policiales, que sean policías autonómicas con limitaciones operativas y territoriales las que lideren investigaciones que afectan a la seguridad de todo el Estado y todos los españoles”, comienza el comunicado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que critica que el nuevo plan "que despoja de parte de sus competencias históricas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una decisión más política que operativa”.

SUP advierte que “simplemente por cuestiones operativas, el liderazgo de las investigaciones antiterroristas ha sido siempre, y debe seguir siendo, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que disponen de mayores medios humanos y materiales para combatir el terrorismo. Otra razón para que sea la Policía y la Guardia Civil quienes se ocupen de liderar esta importante tarea, se halla en la alta movilidad de la amenaza terrorista, que no entiende de fronteras y menos entre comunidades autónomas. Son las FCSE las que se hallan desplegadas por la totalidad del Estado y las que mantienen la coordinación con sus homólogos del resto del mundo para combatir una amenaza global”.

“Igualmente, es de una lógica meridiana, que semejante tarea, con la información sensible que la caracteriza, deba investigarse bajo el mando de los cuerpos policiales que representan a la totalidad de los españoles” continúa el sindicato.

Carlos Morales, portavoz de SUP, ha expuesto a elcierredigital.com que “la competencia de terrorismo es una competencia exclusiva del Estado. Por lo cual, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes tienen competencias exclusivas en materia de terrorismo. Es cierto que tanto la Ertzaintza como los  Mossos d’Esquadra están englobados para la coordinación en materia terrorista, pero una vez que acontece un atentado terrorista es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“Por todas estas razones, prácticas, operativas, de coordinación internacional y de una mínima lógica policial, no entendemos esta última ocurrencia del ministerio del Interior. Nunca será una buena idea anteponer las razones de índole política a la seguridad de todo el Estado”, concluye SUP.

Problema de Cataluña

“La continuidad del trabajo policial en Cataluña peligra y el ministerio del Interior tiene la posibilidad de evitarlo declarando Zona de Especial Singularidad (ZES) esa Comunidad para frenar las numerosas peticiones de traslado” explica el portavoz de SUP a este medio.

"El Ministerio del Interior sigue sin cumplir su promesa de solucionar el problema de que afecta a miles de compañeros en Cataluña", se queja el sindicato e insiste en que se declare Cataluña Zona de Especial Singularidad. “Urge mejorar las condiciones sociolaborales de los policías que trabajan bajo el acoso independentista, a lo que se suma que es una de las comunidades donde el coste de la vida es de los más altos de España” sigue argumentando el sindicato en un comunicado.

Policías en la calle.

Y es que, según afirma el sindicato, “los policías necesitan, por ejemplo, apoyo económico para costear los cambios de colegios de sus hijos acosados por los independentistas o sobrellevar el continuo hostigamiento (cuando no agresiones) al que se ven sometidos a diario sólo por defender el orden constitucional en Cataluña. Es una realidad que el coste de la vida en esa comunidad es de los más altos de España. Todo ello menoscaba la capacidad económica de los policías”.

Según los datos de SUP, estos factores determinan “una exagerada movilidad de la plantilla, con cientos de policías que cada año piden el traslado. Los trabajos operativos se colapsan por falta de efectivos, y las vacantes se cubren con otros compañeros a los que se impide disfrutar de sus merecidos días de descanso. Sólo en 2021 uno de cada cuatro policías destinados en Cataluña abandonó la comunidad. El problema es especialmente grave en la Escala de Subinspección, donde afecta al 50% de los efectivos, aunque en la Escala Básica se alcanza el 30%”, denuncia el sindicato policial.

“Lo más grave es que esta pérdida de efectivos policiales afecta, sobre todo, a las Brigadas de Extranjería, Información y Policía Judicial de una comunidad autónoma de las más pobladas de España, con mayor tasa de criminalidad, y con más desarticulaciones de células terroristas yihadistas desde 2012. En total 75 operaciones policiales con 125 detenidos” añaden.

Ante estas circunstancias, SUP exige que se dote con un plus económico y ayudas sociales a los policías destinados en Cataluña o que se declare esta comunidad como Zona de Especial Singularidad. “Solo así se conseguirá garantizar la continuidad del trabajo policial, frenar la escalada de peticiones de traslado y conseguir que los policías allí destinados disfruten de unas condiciones de vida similares a las de sus compañeros del resto de España”, concluyen.