22 de abril de 2021
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FIN DE SEMANA

De los todos los muertos, el 49 por ciento pertenecen a los partidos opositores al actual Gobierno de López Obrador

Son más de sesenta los políticos asesinados desde que comenzó el período electoral en México

La violencia electoral sigue presente en México, que celebrará las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio. Desde septiembre de 2020, fecha en la que empezó el periodo electoral, en este país han sido asesinados un total de 61 políticos y 78 servidores públicos sin militancia. Estos homicidios políticos están siendo atribuidos al crimen organizado y a los posibles vínculos que tienen con autoridades en algunas regiones, especialmente locales.

Los datos de los homicidios corresponden al periodo que va desde el 7 de septiembre de 2020, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio comienzo al proceso electoral, hasta el 20 de marzo de 2021, y se publicaron durante la celebración del seminario 'Violencia política en México en periodos electorales'.

Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, detalló que 30 de las víctimas pertenecían al PRI (Partido Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional) o PRD (Partido de la Revolución Democrática). Otras 17 víctimas son políticos pertenecientes a los partidos de la alianza oficialista entre Morena, el PVEM (el Partido Verde Ecologista de México) y el PT (Partido del Trabajo) y, los restantes 14 eran políticos independientes, de institutos políticos locales o de otros partidos, como Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza.

María Elena Morera, presidenta de la ONG "Causa en Común", declaró: “hacemos un llamado a las autoridades para decirles lo obvio, que las buenas intenciones y los discursos no son suficientes. Nuestra democracia se encuentra en asedio desde varios frentes, entre los que se encuentra el riesgo de participar en contiendas electorales”, añadió.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir en las urnas a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.

El director de Etellekt, la empresa encargada de recoger estos datos, ha explicado que “en 2018 vimos una elección violenta, con un contexto de polarización política que se está volviendo a repetir con un gobierno que no parece ser muy tolerante con sus opositores, y con opositores me refiero no solo a políticos, también periodistas y defensores”. En el periodo electoral anterior fueron 152 los asesinatos políticos contabilizados por esta empresa.

Por su parte, Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia, otra consultoría participante, declaró que la violencia electoral “es un problema muy grave que requiere atención inmediata porque vulnera la capacidad de la ciudadanía para elegir a los mejores candidatos”. Además, atribuyó la violencia contra los políticos al crimen organizado y a los posibles vínculos que tienen con las autoridades en algunas regiones, especialmente locales.

Asesinan a balazos al alcalde de Tlanepantla, en el Estado de Puebla |  Internacional | EL PAÍS

Imagen escena del crimen de un alcalde de México.

De los 139 políticos y servidores públicos asesinados, un 65% estaban relacionados con gobiernos municipales, es decir, 90 casos; un 20 % con gobiernos estatales,  28 casos; y un 15 % con el Gobierno federal, 21 casos. Además, se registraron un total de 238 agresiones contra políticos, con 218 víctimas: 61 fueron asesinados y 71 recibieron amenazas. Asimismo, de los 61 políticos asesinados, 18 aspiraban a puestos de elección.

Veracruz es la región que sufre las cifras más altas de asesinatos a políticos, acumulando el 12% de los homicidios, con un total de 12 políticos y 5 servidores públicos asesinados.

El pasado 4 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó la “Estrategia de protección en contexto electoral”, que incluirá mesas de trabajo entre autoridades judiciales y electorales, un refuerzo de la seguridad en municipios de alto riesgo y facilitar investigaciones y protección para candidatos amenazados. En el plan participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, Morera, de la ONG "Causa en Común", consideró sobre esta estrategia que debería ser integral y más profunda, y cuestionó las capacidades del Gobierno mexicano. Desde que el Ejecutivo federal anunció su estrategia de seguridad para los candidatos, han sido asesinados 6 aspirantes a alcaldía de distintos partidos.

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