23 de marzo de 2019
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FIN DE SEMANA

La defensa pide solo tres años de cárcel por "homicidio imprudente" para la dominicana que mató al niño y lo mantuvo desaparecido once días en Almería

La Fiscalía pide doscientos mil euros a Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, en compensación por los gastos del operativo de búsqueda

La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz en el momento de su detención.
La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz en el momento de su detención.
Los abogados de Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, consideran que solo es responsable de un homicidio por imprudencia grave, por lo que solicitan para ella un máximo de tres años de prisión. Mientras que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los padres del pequeño, exigen para la prisión permanente revisable y el pago de 200.203 euros por los gastos ocasionados en el amplio despliegue operativo en la búsqueda del pequeño Gabriel durante once días .

La defensa de la dominicana Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del crimen del niño de ocho años Gabriel Cruz el 27 de febrero del pasado año en Níjar (Almería), considera a la acusada como responsable de un homicidio por imprudencia grave, por lo que solicita para ella un máximo de tres años de prisión en lugar de la prisión permanente revisable que reclaman, por su parte, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los padres del pequeño.

Así consta en el escrito de defensa avanzado este lunes por La Voz de Almería, que los abogados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez han aportado al procedimiento tras conocerse que la Audiencia Provincial de Almería rechazó su recurso para evitar que la encausada se enfrentara a un tribunal de jurado.

Pero por el lado de la acusación, la Fiscalía solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.  La desaparición de Gabriel Cruz durante el puente del Día de Andalucía en 2018, que el niño pasaba en casa de su abuela paterna en Níjar, originó un gran operativo de búsqueda en toda la zona almeriense, mediante equipos profesionales y voluntarios. Un despliegue que se siguió durante once días hasta que su cuerpo fue encontrado en el maletero del coche que conducía la acusada, quien se dirigía a su vivienda de Vícar (Almería).

Según la defensa, Ana Julia fue "incapaz de afrontar lo acontecido" y "sin saber cómo explicarlo a su pareja, ante la desmedida repercusión mediática, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención", según la versión dada por sus letrados.

También la Fiscalía pide para Ana Julia Quezada, además de las penas privativas de libertad y de la prohibición de comunicación o aproximación a los padres de Gabriel a una distancia de un kilómetro durante treinta años, que haya una cuantiosa responsabilidad civil.  Así, solicita que abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna. 

A su vez, exige el pago a los progenitores Patricia Ramírez y Ángel Cruz de la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros para cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados. 

Así sucedió todo para la defensa

La representación de Ana Julia Quezada enmarca la muerte del menor en el resultado de una disputa y se aleja del crimen planificado que sostienen las acusaciones, de manera que incluso solicita que se le aplique la atenuante de confesión tardía.

Ana Julia Quezada.

En concreto, sostiene que la mujer salió sobre las 15,50 horas desde Las Hortichuelas hacia el cortijo de Rodalquilar para pintar la casa cuando se encontró con Gabriel, quien unos diez minutos antes había salido para dirigirse a casa de unos primos a jugar, pero quien aún estaba "haciendo tiempo" porque era "muy pronto" en el corto camino de tierra que separaba las viviendas. Según su versión, sugirió al menor que la acompañara al cortijo a pintar, de modo que posteriormente le llevaría de nuevo a Las Hortichuelas para que jugara, a lo que el pequeño habría accedido, subiéndose al vehículo para ir a la citada pedanía, ubicada a unos cinco kilómetros de distancia.

Una vez en el inmueble, la defensa apunta que mientras que Ana Julia abría las ventanas para airear el cortijo, el niño habría cogido "un hacha para jugar", por lo que la acusada le habría pedido que la "soltara" pues "era peligroso y podía hacerse daño". A partir de ahí, el relato planteado por la defensa incide en que la víctima "entró en la vivienda y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha".

Le tapó la boca para que se callara

Incide así la defensa en que la acusada fue "presa del pánico" al comprobar que el menor había fallecido, por lo que se quedó "bloqueada y sin saber qué hacer" así como "incapaz de asumir las consecuencias de lo que había ocurrido".Con esto, la representación de la acusada apunta que Ana Julia "intentaba quitarle el hacha, llegando a taparle la boca para que no profiriera más insultos, apretándola con la intención de que se callara" de modo que "tras breves momentos, ya no respiraba".

No obstante, optó por sacar el cuerpo de la vivienda, hacer un agujero en el exterior y enterrarlo junto a un aljibe "a fin de ocultar el trágico resultado". No obstante, el escrito de defensa no hace referencia a los hematomas que presentaba el cuerpo del menor y que fueron destacados en el informe forense como previos a la muerte del pequeño.

El relato de la defensa no hace tampoco referencias al supuesto hallazgo por parte de Ana Julia Quezada de la camiseta que portaba Gabriel el día de su desaparición en un cañaveral cercano a la vivienda de su expareja, lo que a juicio de las acusaciones supuso una acción encaminada a involucrar al hombre.

Con esto, considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave o, de manera subsidiaria, de un delito de homicidio por el que estima un máximo de diez años de cárcel. Cabe recordar que la Fiscalía, además del delito de asesinato, imputa a Ana Julia Quezada dos delitos de daños psíquicos a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por los que interesa cinco años más de prisión por cada uno de ellos hasta un total de diez.

La asesina confesa de Gabriel Cruz en el momento de ser detenida.

Sobre este aspecto, la fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de "aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo", todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor.

Oposición al juicio con jurado popular

La defensa ha reiterado además en su escrito su oposición a que Ana Julia Quezada sea enjuiciada mediante un tribunal de jurado popular dado que, según considera, "la extraordinaria y desmedida repercusión mediática de los hechos, privaría a cualquier ciudadano llamado a ser jurado de la imparcialidad y serenidad de ánimo requeridas por la Constitución para la dedicada labor de juzgar".

En esta línea, recalcan los letrados que de seguirse los trámites por el juicio con jurado "se vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, por constituir el derecho a un juez imparcial una de sus fundamentales premisas", por lo que vuelven a pedir que Ana Julia Quezada sea juzgada por un tribunal profesional. Pese a este alegato, la Audiencia Provincial de Almería ha considerado que "no está justificado cuestionar la integridad e imparcialidad" de los integrantes de un jurado popular para enjuiciar a la acusada únicamente por la "repercusión mediática" que ha tenido el crimen.

Sin embargo, el auto del Alto Tribunal provincial rechaza la tesis esgrimida en su impugnación por el letrado Hernández Thiel, al considerar que su hipótesis no podía ser admitida, puesto que "determinar o afirmar a priori" que todos los ciudadanos están "afectados en su imparcialidad" no resulta "justificado". Así, la postura de "poner en duda" la integridad de quienes han de juzgar "exclusivamente por la repercusión mediática" no "puede ser acogida".

El texto recuerda, en la misma línea que la  expresada por el Ministerio Fiscal, que la Ley prevé diversos mecanismos en la fase del constitución del jurado popular "a disposición de las partes a fin de salvaguardar el buen funcionamiento mediante la recusación de alguno de sus miembros".

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