Ángel Ron, responsable de la ruina del Banco Popular, responde de nuevo ante la Justicia por la quiebra de la entidad

El expresidente del Banco Popular está imputado en dicha  causa desde que en octubre de 2017 la Audiencia Nacional aceptase la querella interpuesta entre otros contra él, por presuntos delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida en el contexto de la gestión del Banco Popular en los ejercicios previos y posteriores a la ampliación de capital acometida en el año 2016. Durante este tiempo, se  ha analizado si se falsearon las cuentas y si se engañó a los inversores de cara a ese proyecto por el que el Popular amplió su capital en 2.505 millones de euros que habrían de reportar importantes beneficios y cobro de dividendos.

Ángel Ron volverá a responder ante los jueces por la quiebra del Popular. 

Durante todo aquel proceso, Ron defendió la situación “inmejorable” del banco y su solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan por ello en torno a presuntas "irregularidades contables" de los últimos ejercicios así como la supuesta falta de veracidad de los folletos emitidos por la entidad para las ampliaciones de capital.

El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid ha dado la razón al Banco de Santander en un pleito contra el ex presidente del Banco Popular Ángel Ron, una entidad a la que absorvió de un modo que roza la ilegalidad y que investiga la Justicia. Ahora, Ángel Ron debe devolver los 12,8 millones de euros percibidos en concepto de retribución variable durante los dos últimos años que fue presidente del Banco Popular, entidad que arruinó después de conseguir su expansión en América.

En septiembre pasado, el exbanquero ya  fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número  47 de Madrid a devolver 12,8 millones de euros de remuneración cobrados entre 2015 y 2017 como alto cargo del Banco Popular, al que llevó a la ruina.  La sentencia también recoge que Ron debe devolver su prejubilación y se condena a Mapfre -entidad a través de la que se pagaba la póliza de seguro de rentas- a dejar sin efecto las obligaciones de pago previstas y a devolver la prima no consumida. En total, 12,8 millones de euros.

La escandalosa venta del Popular 

En junio de 2017 el Fondo de Resolución Bancaria (Frob) anunció la decisión de vender el Banco Popular al Banco de Santander por el precio de un euro. La decisión se adoptó después de que las entidades regulatorias asumieran que el banco presidido por Ángel Ron era inviable financieramente. Un hecho que sorprendió a todos sus ingenuos pequeños accionistas, que nunca supieron la realidad de esta histórica entidad bancaria española.

Se ha analizado durante el proceso si Ángel Ron si se falsearon las cuentas y si se engañó a los inversores.  

Durante la instrucción de esta causa, el Banco de Santander argumentó la reclamación de este millonario dinero percibido dado que el propio reglamento de Banco Popular contenía las causas sobre las que aplicar la cláusula de rescisión, entre las que se encontraba "el insuficiente desempeño económico de la entidad y la variación significativa del capital económico del banco".

El Santander decidió aplicar las cláusulas 'malus' y 'clawback' y reclamó a Ángel Ron la devolución de 12,8 millones de euros, muchos de este dinero percibido en concepto de retribución variable.

Así, este Juzgado señala en su fallo que "debo declarar y declaro que procede aplicar la Recuperación de la Remuneración Variable de 2013 y 2014 cobrada por el Sr. Ron en los ejercicios 2015 y 2016 por importe de 215.546,33 euros, condenando en consecuencia al Sr. Ron al abono de dicha suma, junto con los intereses legales devengados desde el 8 de septiembre de 2017". 

Asimismo, se ha dictado que Ángel Ron no tiene derecho a cobrar 42.600 euros en efectivo, pendientes de 2014, y 10.216 acciones del Banco. También se condena al expresidente a devolver la póliza de rentas suscrita con la aseguradora Mapfre y exonera a esta aseguradora de cumplir con "las obligaciones de pago previstas en la póliza de seguros". 

Durante todo el proceso, Ángel Ron intentó paralizarlo en dos ocasiones. La última en julio de 2018, cuando solicitó la suspensión del procedimiento "por prejudicialidad penal". Pero no lo consiguió y ahora comienza una cascada de condenas contra este exdirigente bancario español, señalado por sus presuntas malas praxis.

De la expansión internacional a terminar malvendiéndolo

Ángel Ron, nació en Santiago de Compostela en 1962, ciudad en la que estudió derecho,  casado y con dos hijos, llegó a ser el presidente de banco más joven del país cuando se convirtió en presidente del Consejo de Administración del Grupo Banco Popular. Era 2006 y tenía cuarenta y cuatro años, cuando sustituía al fallecido Javier Valls-Taberner.

Javier Valls-Taberner.

Su presidencia estuvo caracterizada según sus defensores dentro de la entidad por “la sensatez, la reflexión y la claridad en los objetivos”. A él se debe, por ejemplo, el desembarco de la entidad en México.

La fórmula seguida por Ron fue la compra por parte de la entidad de una participación del 24’9 por ciento en el grupo financiero mexicano BX+, que le permitía exportar al mercado latinoamericano su negocio de banca para pymes de la mano de un socio acreditado, a la vez, integraba a la familia Del Valle como primer accionista del banco con el 6 por ciento. 

Desde la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2012, Ángel Ron recibió varias ofertas interesándose por extender su modelo de banca para pequeñas y medianas empresas y particulares en Latinoamérica.

Sin embargo, estos éxitos quedaron empañados cuando el Popular tuvo que atravesar el estallido de la burbuja inmobiliaria. La entidad financiera acabó metida hasta arriba en el crédito a promotores. Para muchos Ron no supo buscar soluciones claras a la crisis. Vendió activos no estratégicos, suspendió pagos de dividendos y cambió a los consejeros delegados. Ninguna de esta mediada fue acertada.

Tampoco estuvo poco afortunado eligiendo a las personas que tuvo a su cargo. A lo largo de sus años como presidente el staff del banco contó con seis personas en la alta dirección: Francisco Fernández Dopico (2004-2007), José María Lucía (2007-2008), Roberto Higuera (2008-2009), Francisco Gómez (2013-2016) y Pedro Larena (2016-2017).

Entre 2010 y 2012 la morosidad de Banco Popular empezó a crecer sin parar, convirtiéndose en la entidad con mayor tasa de créditos impagados entre los grandes bancos. Las agencias de 'rating' recortaron la calificación de su deuda. A finales de 2010 emitió 500 millones de bonos convertibles para reforzar su solvencia y amplió capital en 180 millones de euros al dar entrada a Credit Mutuel. Pero la cuesta abajo ya era imparable.  

Banco Popular pactó a finales de 2011 la absorción de Banco Pastor. La operación valoraba la entidad gallega en 1.360 millones de euros. Para muchos analistas, esta absorción fue un golpe mortal para la solvencia de Popular. La transacción fue pactada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya de salida, pero cuando empezó a ejecutarse a comienzos de 2012 ya gobernaba Mariano Rajoy. El primer decreto de Luis de Guindos, Ministro de Economía del PP, sobre requerimientos financieros obligó a la banca a realizar fuertes provisiones.

La absorción de Banco Pastor planeada por Ángel Ron fue para los analistas un golpe mortal para el Popular.

En 2012 el Popular registró unas pérdidas millonarias de 2.461 millones de euros, tras provisionar 9.600 millones de euros. El saneamiento realizado ese año no fue suficiente, pero Ángel Ron tenía fe en sus medidas. Sin embargo, la entidad estaba herida de muerte. Una de las puntillas fue la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la banca a provisionar cientos de millones de euros para devolver el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo.

 En los últimos intentos por evitar la quiebra, Ron llegó a plantearse empezar a cotizar en Estados Unidos para comprar allí una entidad financiera. Comenzó a vender filiales para sacar efectivo. Sin embargo, en febrero de 2017 llegó su final al frente de la entidad vinculada a la familia Valls-Taberner durante años. Hoy la justicia le obliga a devolver los 12'8 millones de euros que percibió en concepto de retribución variable durante los dos últimos años que fue presidente del Banco Popular. Entidad que llegó a expandir por Latinoamérica para después dejar a merced del Banco de Santander, tras no ser capaz de capear los años peores años de la reciente crisis económica.