La mafia okupa implicada en el homicidio de un joven que se negó a pagarles, a juicio

Este lunes 17 de enero daba comienzo el juicio del caso del homicidio de Iván T.S., un joven cacereño de 29 años al que mataron en febrero de 2020 en el municipio de Anchuelo, cercano a Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Los acusados son un hombre y una mujer pertenecientes a una supuesta mafia okupa, quienes supuestamente cometieron el crimen porque el joven se negaba a pagar el “alquiler” de la vivienda en la que estaba instalado, un piso okupa.

El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, donde un Jurado Popular se encargará de pronunciarse en cuanto a la culpabilidad o inocencia de A.V.B. y L.M.M., los acusados. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de cárcel de quince años, la máxima posible por delito de homicidio. Además, se demanda también una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los padres de Iván T.S. y otra de 100.000 euros para cada uno de sus hermanos.

Aunque el Jurado Popular se conformó este lunes, se prevé que las declaraciones del caso no comiencen hasta mañana, martes 18 de enero. Además de los dos acusados por homicidio, se acusa también a otras tres personas por el encubrimiento del crimen.

Los hechos

El crimen se produjo el 16 de febrero de 2020, en el municipio madrileño de Anchuelo, cuando Iván, la víctima, se enfrentó a los presuntos miembros de una mafia que alquilaba pisos de una empresa en quiebra. El joven, de 29 años, trabajaba en un mesón de Alcalá de Henares como camarero.

El ataque se produjo en el piso de un amigo de la víctima, en el mismo edificio, ubicado en la calle Almendros, donde se encontraban la mujer y la hija del amigo de Iván. El cuerpo presentaba varios hematomas y heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón, que sería la responsable de causarle la muerte. Los testigos aseguran que la autora material del crimen era una mujer.

Iván T.S., la víctima.

Al parecer, habían advertido en varias ocasiones a Iván T.S. que debía pagar por permanecer en el piso de un edificio que se encuentra habitado casi en su totalidad por okupas, hecho con el que no estaba de acuerdo el joven, negándose a pagar. Intentaron echarle para alquilar el piso a otras personas, lo que desencadenaría los hechos fatales que acabarían con su vida.

El teléfono móvil de Iván fue encontrado en la escena del crimen sin tarjeta ni batería, algo que parece indicar un intento desesperado de los responsables de encubrir las amenazas y cualquier otro registro de sus interacciones con la víctima.

El 25 de febrero, los dos presuntos autores materiales y sus tres cómplices fueron localizados por el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en dos domicilios, uno en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y otro en Blanes (Gerona), iniciándose la operación “Almendrón”, de entrada y registro de los domicilios, que llevaron al arresto de los dos individuos. También fueron detenidas otras tres personas por delito de encubrimiento.

El edificio de la calle Almendros

La residencia en cuestión, desde que fuera okupada, nunca fue exactamente tranquila. La mafia se hizo con ella en el verano de 2019 y desde entonces los altercados habían sido frecuentes. Según el alcalde de Anchuelo, Javier Doncel, el Ayuntamiento estaba al tanto de los “problemas de convivencia” que se producían en los edificios, producto de la ocupación del clan mafioso, pero nunca se habían registrado incidentes violentos.

El edificio de la calle Almendros, en Anchuelo.

“Es un edificio grande en el que parte de los pisos pertenecen a un banco y otra parte a una empresa que posteriormente quebró”, declaró Doncel con respecto a las circunstancias de las viviendas. Lo cierto es que la mafia que residía en el edificio lo abandonó después del incidente y, más allá de los autores del crimen, el resto de los miembros del clan aún no han sido encontrados.

Con respecto a la situación okupa del bloque, el acalde declaraba que: “no hay manera de solucionarlo desde las instancias municipales” ya que “desde el Ayuntamiento no existen armas legales para hacer nada”. Las acciones que se llevaron a cabo para intentar paliar la situación y garantizar el bienestar de los residentes legítimos fue entablar diálogo con el banco propietario de las viviendas para notificarles que el asunto sería llevado a los tribunales.