Desarticulada una organización de blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social. Han sido detenidas 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona. La operación ha sido llevada a cabo gracias a la intervención del sindicato Alternativa Sindical, que denunció en varias ocasiones en 2021 a una empresa de seguridad que llevaba más de un año sin pagar a sus 600 trabajadores.

En los nueve registros efectuados se intervinieron 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, además de incautarse siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como cuchillos, catanas, navajas, puñales y munición para arma corta. También se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.

Más de 80 sociedades y 30 testaferros

Hay que destacar que entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros. Las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia de Alternativa Sindical contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a sus trabajadores desde diciembre de 2021.

Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores, de ahí que Alternativa Sindical denunciara esta acción, velando por los trabajadores de seguridad. Los actuales gestores de la empresa de seguridad, detenidos en la presente investigación, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.

Este hombre habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados.

Además estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro. La organización investigada estaba fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

En palabras de Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista experto en delitos económicos, “aún estamos en fase de instrucción, pero de materializarse la acusación de pertenencia a organización criminal las penas establecidas en el Código Penal en su artículo 570 varían según el tipo de participación, entre uno a ocho años de prisión, dado que varían según la gravedad de las actuaciones delictivas cometidas”.

Según explica el director de Ospina Abogados –considerado uno de los mejores despachos de abogados en delitos contra la Seguridad Social–, a ello se tendría que tener en consideración “otros delitos periféricos que afloren a medida que la investigación avance y se analicen las pruebas, como puede ser delito de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, y el amplio abanico de delitos económicos que están en juego”. Además, el abogado pide “prudencia ya que la investigación sigue abierta y pueden producirse nuevas detenciones y hallazgos que pueden alterar los hechos tal y como los conocemos”.

La organización se dedicaba además al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios. Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.

Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.

Fraudes por importe de 6.576.558 euros

Realizadas las investigaciones pertinentes, a raíz de la denuncia presentada por Alternativa Sindical los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, cometidos por los anteriores gestores de la empresa de seguridad en connivencia con el líder de la organización. Entre los delitos esclarecidos caben destacar fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

En la investigación se ha constatado la participación de 26 personas, siendo detenidas hasta el momento 23 de ellas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital. Se han realizado nueve registros, en los que han participado unos 100 agentes, tanto en domicilios particulares de los detenidos como en diferentes despachos y empresas.

Toda esta situación ha provocado igualmente el bloqueo de 169 cuentas bancarias, 39 de ellas de personas físicas y 130 de sociedades, en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones.