Las víctimas del violador múltiple de Málaga, Juan Carlos Gómez Rubio, recurren el tercer grado que le concedió el juez

El violador múltiple Juan Carlos Gómez Rubio se encuentra actualmente beneficiándose de un permiso penitenciario de seis días otorgado por el centro penitenciario de Albolote (Granada). Lo disfruta en Málaga, lugar donde cometió los 24 delitos sexuales, de los cuales fueron 13 violaciones y 11 agresiones sexuales en grado de tentativa, puesto que las mujeres consiguieron evitarlo.

El juez de vigilancia penitenciaria de la prisión le ha concedido este permiso y otros cuatro más en un año, desde septiembre de 2018, a pesar de los informes en contra de la Junta de Tratamiento de la prisión, avalados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como de la oposición de la Fiscalía y de las víctimas.

Asimismo, a principios de año solicitó la aplicación del tercer grado para pasar de la cárcel granadina a un centro de inserción social (CIS) y disfrutar allí de un régimen de semilibertad. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Andalucía, situado en Granada, le concedió el cambio de régimen, pero la cárcel de Albolote emitió un informe contrario a la concesión de esta medida. A pesar de ello, el juez aceptó el recurso que interpuso el violador múltiple.

Sin embargo, Gómez Rubio sigue en régimen de segundo grado porque varias de las víctimas han recurrido la decisión del juez, que tiene que valorar la situación penitenciaria del violador nuevamente. En el caso de que no acepte el recurso de reforma de las víctimas, trasladarán al interno al CIS, donde se decidirán las horas de libertad que puede pasar en la calle e incluso trabajar en el exterior.

Concede los permisos por “bajo riesgo de reincidencia”

El violador múltiple fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en 2005 por las agresiones sexuales cometidas a 24 mujeres entre 1997 y 2002. El modus operandi del agresor consistía en ir a los domicilios de las mujeres haciéndose pasar por fontanero, electricista o técnico del gas. Cuando ya estaba dentro de las casas, amenazaba a sus víctimas con un arma blanca y las forzaba.

La sentencia condenó a este profesor de Educación Física a 271 años y medio de prisión, de los cuales solo debía cumplir el tiempo máximo posible con las leyes de aquel momento, lo que supone un total de 20 años. Tras pasar algo más de 17 años entre rejas (ingresó en prisión provisional en 2002), Gómez Rubio puede disfrutar de permisos penitenciarios, el último un permiso domiciliario de seis días de la prisión de Albolote, donde ha estado recluido los últimos nueve años.  

Centro Penitenciario de Albolote (Granada)

Además, la Audiencia de Málaga señaló en su sentencia que los beneficios penitenciarios y el tiempo necesario para cambiar de régimen se calcularan sobre el total de la condena, 271 años. Pero este hecho no se ha tenido en cuenta, puesto que cuando el violador cumplía las tres cuartas partes de la condena (15 años) en 2017 solicitó la aplicación del “régimen general de cumplimiento”.

Posteriormente, en octubre de ese año, el juzgado emitió un auto en el que afirmaba que el Código Penal permitía la aplicación del régimen general, aunque se haría “con pronóstico favorable de reinserción social y oyendo previamente al Ministerio Fiscal, las demás partes e Instituciones Penitenciarias”.

La junta de tratamiento de la prisión de Albolote, el Ministerio Fiscal y e las víctimas dijeron al juez estar en contra de la concesión de los permisos, pero el tribunal analizó los informes de la cárcel y, finalmente, el juez de vigilancia penitenciaria publicó un auto en el que permitía la aplicación de este régimen general. El juez lo justificó explicando en el auto que “el penado está participando en un programa de control de impulsos sexuales” y que “ha observado muy buena conducta”, por lo que “existe un bajo riesgo de reincidencia”.

Órdenes de alejamiento

El fallo de la Audiencia de Málaga también impuso a Gómez Rubio 18 órdenes de alejamiento. Estas le impiden estar a menos de 2.000 metros del domicilio de las víctimas ni comunicarse con ellas en los 15 años posteriores a su salida de la cárcel. Del mismo modo, le impiden comunicarse con ellas o con sus familiares por cualquier medio.

Esta medida es la que ha causado que de momento no haya una decisión sobre a qué CIS deberá ir si le conceden el tercer grado, puesto que Instituciones Penitenciarias tiene que comprobar primeramente en qué zonas residen las víctimas para evitar que se les asigne un centro próximo a ellas e incumplir la sentencia. Siete de las víctimas son españolas y el resto, extranjeras.