05 de diciembre de 2022
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FIN DE SEMANA

El socialista Ángel Víctor Torres será interrogado el 2 de noviembre por su vinculación con la investigada RR7 tras la imagen revelada por este diario

La foto publicada por El Cierre Digital lleva al presidente del Gobierno canario ante el juez por el caso 'PCR Canarias'

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el cuñado de Rayco Rubén González de RR7 UNITED SL, José Juan Arencibia, y el asesor fiscal de Rayco, Pablo Carranza.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el cuñado de Rayco Rubén González de RR7 UNITED SL, José Juan Arencibia, y el asesor fiscal de Rayco, Pablo Carranza. / En una comida en las Canarias.
El juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas ha citado a declarar el próximo 2 de noviembre al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el caso ‘PCR Canarias’. La investigación se centra en supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales contra el director del SCS, la ex directora de Recursos Económicos y la empresa RR7 United por incumplir un contrato sanitario de cuatro millones. Torres declarará por su vinculación con RR7 tras una foto publicada por elcierredital.com.

El gabinete del presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, "se ha desmoronado" a raíz de su citación judicial como jefe del ejecutivo regional para que comparezca –el próximo 2 de noviembre– como testigo en el caso ‘PCR Canarias’, señalan fuentes cercanas a Torres ante elcierredigital.com. "Los nervios se han apoderado del entorno político del PSOE vinculado a Torres", subrayan, en relación a este caso que investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, instruido por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas, que ha requerido la presencia de Torres –quien tiene la potestad de responder por escrito a los interrogatorios–.

El caso ‘PCR Canarias' –destapado por elcierredigital.com– es la causa procesal, en fase de diligencias previas, en la que permanecen en calidad de investigados el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, la ex directora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez, y el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco Rubén González, debido el incumplimiento de un contrato suscrito por el SCS con RR7 por cuatro millones de euros durante la pandemia.

Consultada la acusación popular ejercida por la ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’ –tras adherirse a la querella de la Fiscalía Anticorrupción– manifiestan a este diario que "respetan la presunción de inocencia de los imputados, pero a medida que se va desarrollando este caso, van perdiendo enteros".

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El presidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres.

En relación a la inminente comparecencia judicial del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien se encontraba en un almuerzo en un restaurante con el cuñado de Rayco junto al asesor fiscal de RR7 en julio de 2021 –instantánea revelada por elcierredigital.com– el representante de esta organización sanitaria, Guillermo de la Barreda, subraya que "estamos abiertos y apoyaremos cualquier información que aclare esta situación, por lo que, sería muy positivo que Torres explicara qué ha ocurrido con esta reunión en la que parece en la foto con individuos relacionados con la empresa investigada deudora de los cuatro millones".

La polémica imagen de Torres junto a los vinculados con la mercantil RR7, fue remitida ante la Fiscalía General del Estado por el empresario grancanario, Juan Manuel Pérez –denunciante del caso PCR Canarias– para "averiguar los detalles de esta comida del presidente en relación a este asunto". Esta Fiscalía abrió diligencias de investigación semanas atrás, según confirmó Pérez a elcierredigital.com.

Algunos testigos cercanos a la reunión entre políticos y empresarios canarios que se celebraba meses atrás en un restaurante en el archipiélago, aseguran –bajo la imagen a la que accedió elcierredigital.com–, que "el encuentro se produjo entre el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, y el asesor fiscal de la empresa de venta de automóviles RR7 UNITED SL, Pablo Carranza, entre otros".

Estas mismas fuentes señalan que "en este ágape, también se encontraba, José  Juan Arencibia Alemán, cuñado del propio administrador único de esta empresa deudora RR7, Rayco Rubén González. Rayco administra la empresa filial de vehículos Yimbo 7 Inversiones SL, en el punto de mira de una investigación de la Policía Nacional de la Comisaría de Las Palmas de Gran Canaria, debido a la importación y venta de coches de alta gama –al cuádruple inferior de su valor según los precios de mercado–".

Comidas con el presidente Torres

Fuentes conocedoras de esta reunión en el restaurante, ponían de manifiesto ante elcierredigital.com "la vinculación social del presidente autonómico Ángel Víctor Torres con José Juan Arencibia –apoderado de Gestión y Promoción de Patrimonios 2017 S.L, según el Registro Mercantil consultado por elcierredigital.com–. Pero también subrayan "la relación familiar del segundo mencionado con Rayco Rubén González –administrador único de la entidad RR7 UNITED S.L, investigada por la Fiscalía y la UDEF a raíz de una denuncia–".

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Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United.

Igualmente, sostienen que "este reconocido empresario, Arencibia, originario del municipio de Arucas-Gran Canaria, mantiene una relación de amistad desde la infancia con el presidente del ejecutivo canario Torres. Incluso, estudiaron juntos en el mismo centro educativo en este municipio canario, un dato que es bien sabido a nivel popular en esta localidad". Además, recuerdan, que "Torres acudió a la residencia vacacional de Arencibia localizada en Fuerteventura, en este ámbito social, durante el verano de 2021".

Por su parte, fuentes cercanas a esta relación amistosa del jefe del ejecutivo regional, también alegan que a esta comida "fue invitado el asesor fiscal de RR7 UNITED SL, Pablo Carranza –administrador único de Maxafix Consulting SLP en Fuerteventura–, quien defendió –en representación de Rayco Rubén González– la autenticidad de las mascarillas 3M 1860 KN95 adquiridas por esta entidad mercantil ante la Agencia Tributaria. Esto sucedió tras un expediente de denegación de entrada de este material sanitario en Canarias, al no contar con los permisos preceptivos emitidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). A pesar de las alegaciones esgrimidas por Carranza, el millón de mascarillas 3M –pagadas con fondos públicos del SCS– finalmente fueron destruidas por orden de González", tal como destapó elcierredigital.com.

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