Denuncias cruzadas: La víctima de la agresión por los policías en Linares es "investigada" por seguridad jurídica

Después de la agresión de los policías a Carlos, vecino de Linares, el pasado 12 de febrero, los agentes presentaron un parte de lesiones y a su vez denunciaron al vecino por atentando a la autoridad. En su denuncia los agentes presentan un parte de “policontusiones” y culpan al vecino de agredirles en primera instancia por ser policías.

Tras su detención, el subinspector y el agente argumentaron en sus declaraciones por videoconferencia que la víctima fue la que comenzó el enfrentamiento en la puerta del local, posteriormente se encaró con los policías y respondió a golpes cuando uno de ellos fue a pedirle cuentas. Tras un primer enfrentamiento violento, según los agentes Carlos volvió a agredirles y entonces tuvo lugar la detención sin un uso excesivo de la fuerza. También niegan que golpearan a la hija de 14 años de Carlos, y aseguran que sólo le dieron un empujón para apartarla porque la chica no dejaba de golpearles para que soltaran a su padre. Los agentes con su parte de lesiones en la mano denunciaban a Carlos por atentando a la autoridad ya que aseguran que el vecino les atacó por ser policías ya que “debía de conocer que eran agentes”.

La versión de los agentes no convenció ni a la fiscal ni al juez que envió a los dos policías a prisión provisional acusados de lesiones agravadas con ensañamiento. El juez les reprocha que sea cual sea el comienzo de la disputa y a pesar de que en su primer tramo es uno de los policías el que lleva la peor parte, el desenlace es de una violencia atroz de ambos agentes con la víctima a la que siguieron golpeando en el suelo a pesar de haberlo reducido. El juez rechaza la justificación de que fueron a detenerle porque se escapaba y les reprocha que podrían haber dejado irse a la víctima y que los agentes de policía uniformados que ya estaban llegando al lugar la identificaran.

Atentado a la autoridad

En su auto de prisión el juez explica que “puede ser que fuese él (Carlos) el que empezara la pelea como dice la defensa de los policías, en tal caso era sospechoso de cometer un delito de atentado, pero aún partiendo de esas hipótesis, este contexto no justifica la despreciable agresión perpetrada por los detenidos” y añade “en absoluto se puede justificar las lesiones causadas por los policías en base a que podrían haber sido víctimas de un delito de atentado puesto que la desproporción de los detenidos es evidente”. Precisamente es esta conclusión la que lleva al juez ahora a investigar a la víctima como posible autor de atentado a la autoridad.

Un fotograma del vídeo de Linares.

Dos días después llegó el turno de declarar de Carlos y su cuñado Francisco Javier y el juez les llamó en la doble condición de perjudicados por la paliza de los policías pero también como investigados por la denuncia de los agentes contra ellos. Se trata de un trámite habitual cuando hay denuncias cruzadas, y el juez debe investigar todos los hechos, ya sean de una u otra parte.

Respecto al delito de atentado en sus declaraciones Carlos y su cuñado aseguran que no sabían que sus agresores eran policías, que la pelea la empezaron los agentes y Carlos se defiende. Según el cuñado de Carlos, sólo supimos que eran policías al final de toda la agresión, cuando le tenían contra el suelo pateado y semi inconsciente, entonces uno de los policías saca la placa y comienza a darle con ella en la cara a Carlos diciéndole “no sabes con quien te has metido”. 

“No voy a permitir que se criminalice a la víctima” 

Ahora le toca al juez determinar si hubo o no atentado contra la autoridad previamente a la paliza final que los policías le propinaron a la víctima. En palabras de Manuel García, abogado de la víctima, “No voy a permitir que se criminalice a la víctima”... y añade “no hay ningún auto de imputación contra Carlos ni el juez le señala... es cierto que Carlos declara con doble condición de víctima y de investigado por delito de atentado, y no puede ser de otra manera. Es el procedimiento habitual cuando hay denuncias cruzadas”. “Aunque supuestamente hubiera mediado un delito de atentado a la autoridad, la respuesta de los policías ni fue proporcional ni adecuada”, añade.

Luis Miguel Lorente, coordinador general de la Agrupación Reformista de Policías, cree “que investiguen a la víctima por atentado contra la autoridad habiendo partes de lesiones y versiones enfrentadas, es lo normal. Lo anormal sería lo contrario”. Desde este sindicato policial apuestan por la mayor transparencia posible en la investigación tanto para la víctima como con los policías detenidos, pero puntualizan que “aunque supuestamente la víctima cometiera delito de atentando, la respuesta de los policías no fue ni adecuada ni proporcional”.

Lo que no cambia es su parecer sobre los hechos principales: “La actuación de los policías no es adecuada ni normal, en vez de calmar la situación reaccionan empeorándola... lo lógico es que si la víctima les falta o agrede llamaran a un vehículo policial para que le detengan y no enzarzarse en una pelea en la que los policías no dieron una respuesta proporcional”. No se han respetado los principios básicos de actuación por parte de los policías, y esto además de la vía judicial sólo puede desembocar en un expediente disciplinario para ellos, con todas las garantías, pero con vistas a la expulsión del cuerpo”.

El resto de sindicatos policiales condenan la agresión de los policías pero recuerdan el principio de presunción de inocencia para todo ciudadano. Esa es la opinión de las otras cinco asociaciones principales de la policía. Creen que la actuación de los policías detenidos es injustificable y la condenan sin matices. Recuerdan que su actuación no empaña el trabajo de todo el cuerpo policial, pero reclaman un trato justo para los agresores: "En éste y en cualquier otro caso, debe operar el principio de presunción de inocencia hasta que recaiga sentencia firme, lo que no significa que el cuerpo no haya cumplido ya con su obligación, deteniendo a los agentes y poniéndoles a disposición judicial", añaden los sindicatos, que insisten también en que los dos agentes merecen "el mismo trato" que cualquier ciudadano que hubiera cometido este delito.