14 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Suministraban productos eutanásicos a los animales sin tener conocimiento veterinario alguno y lo hacían indiscriminadamente para ahorrar costes

Así actuaba la Triple A, la protectora de animales que realizaba sacrificios masivos de gatos y perros en Marbella

Gatos de la protectora Triple A
Gatos de la protectora Triple A
El juez que investiga el caso de la protectora ha concluido que se llevaban a cabo sacrificios masivos para ahorrar costes y utilizar las instalaciones para fines privados. La cúpula de la asociación suministraba productos eutanásicos sin tener los conocimientos en veterinaria necesarios, produciendo en ocasiones una lenta y dolorosa agonía en los animales. Principalmente se sacrificaban perros y gatos y de estos últimos los más habituales eran los de color negro.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, encargado de la investigación de las prácticas irregulares de la Asociación Amigos de los Animales Abandonados (Triple A), ha concluido la instrucción del procedimiento contra la cúpula de esa organización, a la que acusa de haber ejecutado durante cinco años un sacrificio masivo e injustificado de animales para favorecer sus intereses económicos.

En el auto, dictado el pasado 18 de septiembre y recogido por Diario Sur, se señala que el juez instructor dispone proseguir la causa contra esta protectora de animales, así como contra cinco de sus responsables por las actividades cometidas entre 2011 y 2016. Del mismo modo, ha acordado el sobreseimiento provisional de otros catorce colaboradores de la organización.

El juez considera que los procesados pudieron haber cometido los delitos de maltrato animal, falsedad documental, intrusismo profesional, apropiación indebida, administración desleal, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y estafa.

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Gatos sacrificados por la protectora

Después de tres años de instrucción, el juez considera que entre los años señalados la protectora sacrificó animales domésticos que recogían "de forma masiva e injustificada" con el objetivo de ahorrar en costes y utilizar las instalaciones de la asociación para fines privados, todo ello bajo la dirección de la entonces presidenta, Bettinna P., y con la colaboración del resto de los miembros de la junta directiva.

De esta manera,  el auto del juez señala que los sacrificios se realizaban sin el control veterinario necesario y de manera principal por la entonces presidenta, quien daba las órdenes a sus empleados, sin control veterinario. De hecho, Bettina asegura en el auto que era ella la que administraba los productos eutanásicos a los animales sin tener los conocimientos necesarios.

Una lenta y dolorosa agonía

La práctica habitual para el sacrificio de gatos y perros, era inocular dosis del producto por debajo de lo indicado en el prospecto, aunque suficientes para causar la muerte. Así, la protectora suministraba "de forma inexperta, por vía distinta a la intravenosa y sin sedación previa" el medicamento eutanásico.

Con este procedimiento negligente, lo que se conseguía era que los animales antes de morir sufrieran una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y, según el juez, conocida por los investigados en esta causa.

Asimismo, el auto señala que los sacrificios se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes (principalmente cachorros) en muchas de las ocasiones. De hecho, algunos de ellos habían sido entregados a Triple A días e incluso horas antes y sin que hubiese una causa para justificar su muerte, excepto la falta de espacio en el centro.

Gatos negros, los más sacrificados

Otro de los miembros de la asociación que según el juez participaba en esta actividad es la investigada Andrea D., entonces vicepresidenta de la protectora, quien realizaba la selección de los gatos que iban a ser sacrificados. Así, señala en el auto que los felinos elegidos eran "preferentemente negros", y su sacrificio era llevado a cabo por Bettina o por otra persona a la que daba las órdenes directas.

Asimismo, el juez cuantifica las mascotas sacrificadas como "una cantidad desproporcionada de animales", principalmente de perros y gatos. En este sentido, sostiene que no existe relación entre los ejemplares fallecidos entregados por el Servicio de Sanidad Veterinaria de la Triple A y los retirados por la empresa Paraíso para su incineración.

Para ejecutar los sacrificios, los responsables de Triple A adquirían en un primer momento grandes cantidades de productos eutanásicos a través de recetas firmadas por un veterinario. Posteriormente, Bettina conseguía los medicamentos "llegando en algunas ocasiones a falsificar la firma del veterinario de la asociación y haciendo uso de su sello".

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Producto eutanásico utilizado por Triple A para sacrificar animales

Los animales sacrificados se hacían constar como fallecidos por enfermedad, aunque no padecieran ninguna. Además, otros animales que la protectora recibía o captaba de manera irregular eran principalmente remitidos en adopción a otros países, destacando Alemania y Finlandia. Para este procedimiento modificaban los datos que debían reflejarse en la documentación necesaria para su salida de España.

De este modo, los acusados extraían el microchip de los animales y cuando sus dueños preguntaban a la asociación si los tenían, desde Triple A les decían que no estaban entre sus instalaciones. Asimismo, los ingresos percibidos por estas adopciones no se quedaban registrados en contabilidad alguna.  El juez señala a la investigada Andrea D. como la encargada de llevar a cabo estas operaciones.

El juez también afirma que la Asociación Triple A promocionaba su actividad mediante campaña falsas de anuncios de "sacrificio cero de animales" y obtenía donativos de este modo, como otras prestaciones de particulares que se destinaban a otros fines distintos, por lo que se incumplían reiteradamente los estatutos.

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