Los nuevos datos sobre el crimen de la CAM revelan que la víctima había llegado a un acuerdo con sus hijas para controlar las empresas ante la oposición de su hijo

El magistrado José Luis de la Fuente , titular del Juzgado de Instrucción número 7, tendrá que celebrar una pequeña vista y decidir si archiva el caso o lo remite a la Audiencia Provincial de Alicante para que López sea juzgado ante un Jurado Popular el próximo 8 de enero. En el caso de que el juez decrete la apertura de juicio oral emplazará a las partes para que se personen en la Audiencia Provincial, se procederá a una previa selección de los jurados y, posteriormente, se iniciarán las sesiones del juicio oral.

El juicio, previsiblemente, dará comienzo a mediados de enero de 2019  en caso de que la petición de sobreseimiento de la causa por parte de la defensa de Miguel López no sea atendida. El abogado defensor de Miguel López, único encausado por el asesinato de María del Carmen Martínez -viuda de Vicente Sala, ex presidente de la CAM- ha desmontado las principales acusaciones que pesaban sobre su cliente, el yerno de la fallecida. 

Mientras tanto, se siguen conociendo nuevos detalles sobre el caso y todas las incógnitas que lo rodean. La acusación particular, que representa a Vicente Sala (hijo) hace referencia a los posibles problemas entre sus hermanas y él por el control de las empresas familiares y de una llamada "acción de oro" en poder de María del Carmen Martínez, que le permitiría controlar las empresas aun sin tener mayoría en los consejos de administración de las mismas.

Sin embargo, en las conclusiones de la defensa de López, elaboradas por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Sánchez-Vera, se pone de manifiesto que "lo cierto es que Mari Carmen estaba muy incómoda con la situación que se había creado. Por ello, trató de buscar una solucion, encargando al abogado Antonio Moreno Cánovas que procurase lograr un acuerdo sobre esa cuestión de la llamada "acción de oro" y en general sobre el control de las empresas".

Miguel Ángel López durante el funeral de su suegra, María del Carmen Martínez.

Según relata el escrito de la defensa, hubo un intento de acercamiento entre el abogado Moreno Cánovas, en representación de la madre, hacia sus hijas  y su hijo, Vicente Sala, que deseaba hacerse con el poder de las empresas, "el abogado Antonio Moreno Cánovas cumplió lo que había pedido Mari Carmen, y presentó un acuerdo a Mari Carmen el 19 de noviembre de 2016, que fue aceptado por Mari Carmen y las tres hijas. En cambio, Vicente no quería aceptarlo porque decía que ya era demasiado tarde. Esto quiere decir que cuando a Mari Carmen le dispararon unos días después, el 9 de diciembre de 2016, ya estaba en vias de arreglarse más o menos las cosas con sus hijas, y entonces era su hijo el que no quería llegar a un acuerdo".

Asesinada en el lavadero de su yerno, acusado tras la investigación

María del Carmen Martínez fue asesinada el 9 de diciembre de 2016 de dos disparos a bocajarro efectuados en la cabeza en un lavadero de coches de Alicante, Novocar, propiedad del único acusado, su yerno Miguel Ángel López, mientras se encontraba dentro de su vehículo, un Porsche Cayenne. López fue detenido el 8 de febrero de 2017 y permaneció en prisión preventiva 39 días, hasta que quedó libre tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La investigación policial acusó a Miguel Ángel López, casado con Fuensanta Eva (Fani) -hija de María del Carmen Martínez y Vicente Sala-,  como único sospechoso. En el escrito de acusación presentado por fiscalía y por la acusación particular de Vicente Sala (hijo) se decía entre otras cosas que el supuesto móvil del crimen era acceder a la herencia económica de su esposa.

Sin embargo, según publicó ayer Elcierredigital.com el matrimonio está casado en régimen de separación de bienes desde hace 20 años y que, por tanto, López nunca podrá acceder a las propiedades de su esposa. Además, durante la instrucción, la asesora de las empresas familiares, Ana Martínez Caro, declaró que Miguel nunca había acudido a ninguna de las reuniones empresariales, consejos o juntas ni tomaba decisiones.

La Fiscalía también acusó a López de saber que “las cámaras de videovigilancia de ese lugar (el lavadero) no funcionaban” y, por eso, el acusado habría elegido ese lugar para cometer el asesinato. Lo cierto es que el lavadero Novocar nunca ha tenido cámaras en ninguna de sus instalaciones, sólo hay detectores de movimiento como las alarmas que existen en cualquier vivienda particular. Para ello, ha presentado un informe de la empresa Protección Máxima S.L., que acredita que las instalaciones de Novocar nunca han dispuesto de cámara de vídeovigilancia, tal y como publicamos el lunes en Elcierredigital.com.

La defensa de López mantiene que la acusación fiscal y particular se basa exclusivamente en indicios y no en pruebas concretas.