29 de julio de 2021
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EDICIÓN VERANO

La abogada Emilia Zaballos, presidenta de AAIC, firma una oposición en la que desmonta el recurso presentado por la defensa del supuesto bróker

Javier Biosca, acusado de estafar más de 250 millones en criptomonedas, intenta salir de prisión

Biosca y su esposa.
Biosca y su esposa.
El fundador de Algorithms Group, Javier Biosca, ha recurrido ante la Audiencia Nacional su ingreso provisional en prisión en el marco de la investigación por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros. No obstante, los argumentos presentados no convencen a la abogada Emilia Zaballos, presidenta de AAIC, que como acusación popular y particular firma una demoledora oposición en la que desmonta punto por punto el alegato de la defensa.

El fundador de Algorithms Group, Javier Biosca, ha recurrido ante la Audiencia Nacional su ingreso provisional en prisión en el marco de la investigación por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros. Biosca ha llevado a la sala el auto dictado el pasado 8 de junio en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el empresario a la espera de tomarle declaración por estos hechos.

En su escrito, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, la defensa del supuesto bróker alega que "no concurren indicios suficientes para considerar los hechos delictivos que se investigan ni responsable de los mismos a Javier Biosca", respecto a los delitos de estafa continuada , apropiación indebida y falsedad en documento público. 

Asimismo, se indica que "no consta acreditado en modo alguno que Javier Biosca compareciese al requerimiento judicial cuando fuese requerido o conociese que estaba siendo reclamado por la justicia, ni constan más de una requisitoria en contra de su persona en los últimos dos años". 

Y ante el cambio de domicilio, argumenta que lo hizo para "estar más cerca de su entorno familiar y que, "el haber cambiado de domicilio en el mismo territorio español no obedece a la finalidad de obstruir la acción de la justicia sino a motivos familiares, no existiendo evidencia alguna en el procedimiento de que conociese que estaba siendo llamado para comparecencia judicial y evitase esta, pues desconocía la existencia de un procedimiento contra él". 

En este sentido, se puede leer en el escrito, "al ser requerida su documentación en un control de la Guardia Civil aportó su DNI, pues no tiene voluntad de eludir la acción de la justicia". 

"El motivo de su busca y captura obedece a motivos burocráticos administrativos, pues había cambiado de domicilio sin conocer que se instruía contra él un procedimiento y por ende no tenía obligación de comunicar dicho cambio" argumenta su defensa, y añaden que tiene arraigo familiar y que no existen vínculos con el extranjero que permitan deducir su posibilidad de fuga y que, además, "tiene medios lícitos de vida" pues Biosca "es informático, trabaja online y participa en una cooperativa hortícola".  

No obstante, los argumentos presentados no convencen a la abogada Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados y presidenta, a su vez, de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC) que, como acusación popular y particular, firma una demoledora oposición en la que desmonta punto por punto el alegato de de la defensa de Javier Biosca.

Emilia Zaballos, abogada de los afectados. 

En su escrito, la letrada señala que "en la causa a través de la querella presentada se ponen de manifiesto indicios suficientes para entender que puede ser responsable criminalmente de los hechos que se le imputan, ya que se ha presentado prueba suficiente", como son contratos firmados y conversaciones por mensajería telefónica. 

Respecto al cambio de domicilio, argumenta que "ha sido constante, ha viajado al extranjero" e indica que del informe de la UDEF se desprende que Javier Biosca "ha estado de hotel en hotel" y que además consta que ha estado en el extranjero, concretamente en países como Guinea Bissau o Portugal, entre otros. Asimismo, en la oposición al recurso presentado por la defensa de Biosca se indica que "su mujer, cuando ha sido requerida para facilitar el domicilio, ha designado como tal uno en el que no viven desde hace muchos años, y que "se encuentra habitado por otra persona, según diligencias de la Guardia Civil". En la actualidad, la familia Biosca ha señalado como su domicilio el despacho profesional de sus abogados. 

La abogada Emilia Zaballos indica además que existe un riesgo de fuga "altísimo", ya que, al disponer de multitud de cuentas bancarias, con las que operaba fuera de España, "es más que evidente que trate de eludir la acción de la justicia".

Por lo tanto, señala, "concurren todos y cada uno de los requisitos del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y enumera que se le investiga por varios delitos, que las penas superan los dos años y que no tiene domicilio conocido, así como la naturaleza de los hechos y la cuantía económica de lo presuntamente defraudado, que supera los 200 millones de euros. 

"Si el investigado fuese puesto en libertad peligraría la posibilidad de rastro de todas las cuentas y wallets donde se encuentran los fondos que componen las inversiones", por lo que los afectados podrían ver comprometida la posibilidad de recuperar las inversiones, concluye la letrada. 

El negocio de la familia Biosca  

Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019, no obstante, este carecía de todo tipo de autorizaciones, no figurando, asimismo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El negocio consistía en la compra y venta, en tiempo real, de este tipo de divisas digitales tales como Bitcoin, Ethereum o Litecoin con la ayuda de un programa que analizaba el mercado financiero. De este modo, Biosca ofrecía a sus clientes, inicialmente sus vecinos, ganancias semanales de entre un 20% y un 25% por su inversión, operaciones que comunicaba con mensajes personalizados a través de WhatsApp, y cuyos altos beneficios iniciales fueron atrayendo, gracias al boca a boca, a nuevos inversores. “El poder de convicción, y su capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, hacía embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima”, relata la querella. “Los afectados son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”.

Javier Biosca, definido en esta causa como un “autodidacta”, se convirtió en un experto estudiando este negocio por su cuenta. En verano de 2019 comenzó con 19 clientes, conocidos de su entorno, y un año después, en 2020, contaba con entre 300 y 500 inversores, una cifra que se incrementó hasta alcanzar los 3.000. Un ‘modus operandi’ que, similar al de las estafas piramidales tipo Ponzi en las que los nuevos clientes pagan las ganancias de los antiguos de modo que es posible ofrecer altas rentabilidades ficticias, comenzó a levantar las primeras sospechas durante los meses de pandemia, precisamente cuando el negocio alcanzó su máxima popularidad. Fue entonces cuando se produjeron las primeras situaciones de irregularidad, los primeros retrasos y errores en los pagos, llegándose incluso a duplicar transacciones por valor de hasta 200.000 euros. Una mala gestión que sembró las dudas tanto de los inversores como de los intermediarios, y que termina por desencadenar la huida de Javier Biosca.

No es este el único caso registrado en España. Las presuntas estafas con criptomonedas han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones. 

Desde el despacho Zaballos Abogados, ponen a  disposición su número de teléfono  91 310 30 00 y la dirección donde están ubicados,  Calle Luchana 8, Local IZQ | 28010 Madrid. Además, el correo electrónico para cualquier consulta de afectados es asociacionafectadosbiosca@gmail.com  y la web para que cualquier persona que haya sido damnificada por el negocio de las criptomonedas se inscriba es: https://www.asociacionafectadosbiosca.es/ o https://www.asociacionafectadoscriptomonedas.es/.

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